La operación de anoche en Navarra contra la kale borroka es continuación de la realizada en octubre

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido esta noche en Navarra a tres jóvenes presuntamente vinculados con el último grupo de apoyo a ETA desarticulado a principios de octubre en Navarra, que acabó con ocho arrestados. Los últimos detenidos --Irati Mujika Larreta, Mikel Beunza Oroz y Oihan Unai Ataun Rojo-- también estarían vinculados a la organización ilegalizada SEGI por su presunta relación con el terrorismo callejero.

Según informó el Ministerio del Interior en un comunicado, la operación ha sido realizada por agentes de la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de Navarra, en coordinación con la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía, y bajo la supervisión del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska.

Mujika y Beunza fueron detenidos en Pamplona, mientras que Ataun fue arrestado en la localidad próxima de Zizur Mayor. Además, la Policía ha realizado varios registros en los que se ha incautado diferente material que está siendo analizado.

De acuerdo con las investigaciones policiales, los tres detenidos son presuntos integrantes de la estructura de la organización ilegal SEGI.

OPERACIÓN EN TRES FASES

Las detenciones practicadas esta noche se enmarcan en el operativo que a principios de octubre puso en marcha la Comisaría General de Información para desarticular un grupo estable y vinculado a la organización terrorista SEGI y a cuyos integrantes se les considera presuntos autores de distintos actos de terrorismo callejero y sabotaje.

Hasta el momento, y con los últimoas arrestos, se ha detenido a un total de 11 personas y se han realizado diferentes registros en los que se ha encontrado documentación y material utilizado habitualmente para las acciones de terrorismo callejero.

En octubre se realizaron las otras ocho detenciones, en Pamplona y Barañain. Tras las primeras detenciones, Grande-Marlaska tomó declaración a los primeros cuatro detenidos y decretó prisión provisional para tres de ellos. Iker Araguas, Ibai Azkona y Gorka Sueskun fueron enviados a la cárcel acusados de estragos, posesión de artefactos incendiarios y pertenencia a Segi. Al cuarto, Mikel Flamarike, el magistrado lo dejó en libertad provisional con obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado.

Días más tarde, el juez de la Audiencia Nacional decretó el ingreso en prisión comunicada y sin fianza para los otros cuatro detenidos en Navarra. El magistrado acusó a Iñaki Marin Mercero, Diego Javier Octavio Marticorena, Mikel Marin Irurozqui e Iker Aristu Echevarria de la comisión de delitos de integración en Segi, estragos terroristas y daños terroristas.

En la primera fase de la operación policial, en la que participaron un total de 40 agentes, fueron registrados los domicilios de los cuatro detenidos, así como una taberna y un local. Allí se halló abundante documentación y material que se utiliza habitualmente para acciones de terrorismo callejero, como bombonas de gas y un petardo de gran potencia.

Previamente a esta operación, agentes de la Guardia Civil detuvieron en varias localidades navarras a finales de agosto a otras cinco personas: Alberto López Iborra, Maider Caminos, Amaia Legarra, Maitane Intxurraga y Noé López.

El juez Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, ordenó prisión provisional comunicada y sin posibilidad de fianza para López Iborra por los delitos de integración en organización terrorista por su presunta pertenencia a Segi, un delito continuado de estragos terroristas y otro de daños terroristas.

El magistrado de la Audiencia Nacional decretó días más tarde prisión para Maider Caminos Miranda y Maitane Intxaurraga Uribarri por los delitos de pertenencia a organización terrorista, daños y estragos terroristas, mientras que impuso una fianza de 4.000 euros para Amaia Legarra Beunza y dejó en libertad, con comparecencias semanales, a Noé López Albizu.

Esta operación estaba relacionada con una llevada a cabo el 24 de agosto por la Guardia Civil y en la que fueron detenidos Luis Goñi y Javier Sagardoi cuando participaban en una manifestación en Barañaín. El juez Marlaska también decretó su ingreso en prisión.

Además, el 10 de octubre, agentes de la Guardia Civil arrestaron cerca de la Audiencia Nacional a Aritz Azkona y Mikel Jiménez, sobre los que pesaba orden de busca y captura a raíz de la citada operación contra la 'kale borroka' en Navarra.

Los dos jóvenes --que al parecer acudían a entregarse cuando fueron interceptados por los agentes-- fueron enviados a prisión por Grande-Marlaska, que consideró que formaban parte de un talde Y en la localidad navarra de Barañain junto a los anteriormente mencionados Jabier Sagardoi y Luis Goñi Lara. El juez imputó a este grupo siete ataques en Navarra y media docena de acciones frustradas entre diciembre de 2007 y septiembre de 2008.

En su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, el director de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Velázquez, aseguró el pasado 5 de noviembre que en lo que va de legislatura --ocho meses-- se ha detenido a 51 activistas de la 'kale borroka' y a 36 miembros de ETA.

DESCENSO DE LA 'KALE BORROKA'

Según un informe de las Fuerzas de Seguridad del Estado, al que tuvo acceso Europa Press, los actos de violencia callejera en el País Vasco y Navarra han alcanzado en esta legislatura sus niveles más bajos desde que ETA declarase formalmente el fin de su alto el fuego en junio de 2007.

En el verano de 2007 comenzó una estrategia contra los autores de los sabotajes que, un año después, sumaba ocho operaciones policiales con un saldo total de 90 detenidos. Este impulso del Ministerio del Interior tiene el doble objetivo de acabar con la "impunidad" del terrorismo urbano y, además, acumular la mayor información posible para conocer a los futuros miembros de ETA y dificultar su salto a la banda terrorista.

El informe de las Fuerzas de Seguridad señalaba que, hasta agosto de este año, los jueces dictaron prisión incondicional contra 53 de los 90 detenidos, casi el 60 por ciento, y la práctica totalidad de los que quedaron en libertad lo hicieron pagando una fianza o con medidas cautelares. Además, 27 de los huidos a la acción policial decidieron entregarse más tarde en la Audiencia Nacional, siendo arrestados antes de que lo hicieran.

Tras la ruptura formal del alto el fuego por parte de ETA, el 5 de junio de 2007, la organización decidió activar al máximo el frente del terrorismo urbano. El 10 de julio de ese año se produjo la primera operación policial contra el terrorismo callejero, en Álava. El frenazo a la comisión de sabotajes también ha reducido drásticamente los destinados a las empresas del Tren de Alta Velocidad, objetivo prioritario del entorno de ETA.

Con el inicio de la nueva legislatura, no se ha subido de 13 sabotajes mensuales. Marzo fue el mejor mes, con 7 ataques del terrorismo urbano, seguido de abril, con 9, los mismos que el pasado julio. En mayo, fueron contabilizados 11 sabotajes.