PAMPLONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves una moción instando a la Cámara a "tomar en consideración el informe publicado en mayo de 2013 por el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), así como las dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), por la que se vuelve a condenar al Estado español por no investigar sendas denuncias de tortura, una de ellas de un ciudadano navarro".
La resolución, impulsada por Bildu, Aralar-NaBai, I-E y Geroa Bai, ha contado con el apoyo de los propontes, mientras que han votado en contra UPN, PSN y PPN.
La moción incluía un segundo punto en el que, a su vez, se llamaba al Gobierno de España a "atender los principios establecidos en la Convención contra la Tortura" y a "cumplir la reiterada doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que recomienda investigar con rigor todas las denuncias de tortura".
En un tercer apartado, se emplazaba al Legislativo foral a "mostrar su voluntad de que se investiguen las denuncias de tortura realizadas por ciudadanos y ciudadanas, especialmente las navarras, y se revisen aquellos procesos judiciales donde la situación de incomunicación y los malos tratos hayan podido condicionar las acusaciones y/o sentencias".
Igualmente, se llamaba al Ejecutivo central a "derogar la legislación que permite la detención incomunicada y las situaciones de desprotección" y a que "en todo caso, asegure el respeto a todos los derechos y garantías de las personas detenidas, tal y como solicitan en sus reiterados informes organismos como Amnistía Internacional".
Finalmente, se planteaba que el Parlamento de Navarra mostrara su "solidaridad con todas las personas que han sufrido torturas y malos tratos y su compromiso de impulsar con el más amplio acuerdo posible el reconocimiento y reparación de las personas que han sido víctimas de torturas y malos tratos".
En la exposición de motivos, la moción hace suyas "las críticas del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, que en su último informe se hace eco de diez denuncias formuladas por otros tantos ciudadanos vascos a las que otorga la consideración de muy creíbles y consistentes y cuyo origen sitúa en el régimen de incomunicación y en la actitud obstruccionista del Gobierno de España, al que acusa de no poner ninguna medida para impedir los casos de tortura".
En esa misma línea, se alude también a una reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en la que "se vuelve a condenar al Estado español por no investigar dos denuncias de torturas, una de las cuales corresponde a un joven navarro arrestado en 2008 en Zizur Mayor".
A ese respecto, los proponentes subrayan que "ante la ausencia de una investigación efectiva por parte de las autoridades españolas, el fallo ordena indemnizar a estas personas".
