El Gobierno foral se marca como objetivos el empleo y la lucha contra la pobreza de niños y mayores
PAMPLONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
La nueva renta garantizada que prevé aprobar el Gobierno de Navarra elimina el requisito de residencia legal en España para poder acceder a la ayuda, aunque mantiene la obligatoriedad de acreditar al menos dos años de residencia en Navarra, salvo en las unidades familiares con menores a cargo, para las que el requisito será de un año.
El vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, ha presentado este viernes en rueda de prensa, con la presencia y apoyo de los cuatro partidos que apoyan al Gobierno, el anteproyecto de ley de la nueva renta garantizada, que sustituirá a la renta de inclusión social y que podría entrar en vigor antes del verano, según se desarrollen los distintos trámites necesarios hasta la aprobación definitiva de la ley.
Entre las novedades de esta norma, se ha eliminado el requisito de contar con un permiso legal de residencia para acceder a esta ayuda y se introduce la posibilidad de prorrogar la renta garantizada más allá de los 30 meses si persiste la situación de necesidad.
No obstante, se mantiene el requisito de acreditar una residencia efectiva en Navarra de al menos dos años, salvo en las unidades familiares con menores a cargo, para las que el requisito será de un año.
Miguel Laparra ha destacado que "esta es la ley que consideramos que Navarra necesita para reconstruir la cohesión social" y ha afirmado que "es una ley que supone una apuesta muy clara por tres cosas: la inserción en el empleo, la lucha contra la pobreza infantil y de las personas mayores, y la extensión de la protección a todos sin distinción".
"MEJORA EL ACUERDO PROGRAMÁTICO"
Además, Laparra ha asegurado que este anteproyecto se inspira en el acuerdo programático del Gobierno, pero "claramente va mucho más lejos y supone una mejora notable". De hecho, ha estimado que el esfuerzo presupuestario que hará el Ejecutivo es un 50 por ciento superior de lo que supondría la aplicación literal del acuerdo programático.
En anteproyecto de ley establece que las personas beneficiarias deberán estar disponibles para trabajar y aceptar las ofertas de trabajo o los itinerarios de formación que se les ofrezcan desde los servicios sociales y de empleo.
Este doble derecho es una de las novedades recogidas en el anteproyecto de ley foral que aspira a sustituir a la actual renta de inclusión social, conocida anteriormente como renta básica.
MEJORA DE LAS CUANTÍAS
Otros cambios respecto al sistema vigente son la mejora de las cuantías a percibir, especialmente en las familias con menores a su cargo, que podrán llegar hasta los 1.200 euros mensuales o la extensión de esta prestación a las personas mayores de 65 años.
Las personas que quieran acceder a la nueva renta garantizada deberán carecer de ingresos y de un patrimonio suficiente. Otro requisito es la edad, que será a partir de los 18 años. No obstante, las unidades familiares encabezadas por personas de entre 18 y 25 años deberán llevar una vida independiente de su familia de origen desde al menos hace dos años.
Las personas solicitantes mayores de 65 años que cumplan los requisitos establecidos y reciban una pensión no contributiva por jubilación, tendrán una deducción fiscal de tal manera que percibirán lo mismo que el resto de unidades familiares perceptoras de la renta garantizada, pudiéndose hacer efectivo mediante el pago anticipado mes a mes.
Cuando más de una unidad familiar convivan en un mismo domicilio, cada una de ellas recibirá la renta garantizada que le corresponda hasta un máximo de tres, para evitar situaciones de hacinamiento en las viviendas. Hasta ahora, independientemente del número de familias que compartieran domicilio, solo se percibía una renta y media.
De manera excepcional, las unidades familiares con una situación de exclusión social grave podrán acceder a la renta garantizada aunque no cumplan alguno de los requisitos exigidos.
NUEVA ESCALA DE PRESTACIONES Y DURACIÓN
El anteproyecto presentado incluye una nueva escala de cuantías económicas, que mejorarán respecto a la renta de inclusión social vigente para aquellas familias con dos o más miembros. Las cuantías oscilarán desde los 600 hasta los 1.200 euros. Actualmente varían entre los 655,20 y los 982,90 euros.
Con esta nueva escala se pretende priorizar la lucha contra la pobreza infantil en las familias con menores a su cargo. En 2015, el 38% de las personas beneficiadas por la renta de inclusión social tenían menos de 18 años, es decir, 10.820 de un total de 28.839. De estos menores, 3.891 vivían en una familia monomarental y 462 en una monoparental.
Los importes mencionados se actualizarán automáticamente con el IPC de Navarra o con la variación del salario medio de la Comunidad Foral. De estos dos indicadores se empleará el que sea de mayor cuantía para que las personas más vulnerables no pierdan capacidad adquisitiva.
Por último, se elimina el tope máximo de 30 meses para percibir esta prestación, de tal modo que si agotado este periodo persiste la situación de necesidad, se podrá prorrogar la renta por periodos sucesivos de 12 meses. Actualmente, si una familia percibe la renta de inclusión social durante 30 meses debe estar un año sin cobrarla.
DERECHO A LA INCLUSIÓN
Para acceder al derecho a un proceso de inclusión social solo se precisa estar en una situación de exclusión social, en el grado que sea, sin que sea necesario acreditar un tiempo mínimo de residencia en Navarra.
El anteproyecto de ley foral establece que en el plazo de seis meses desde la aprobación de la norma se elaborará un nuevo plan estratégico de inclusión social, de tal manera que se refuercen las políticas públicas en esta materia.
RESPALDO DEL CUATRIPARTITO
En la rueda de prensa han intervenido los cuatro grupos que sostienen al Gobierno para dar su apoyo a la ley. Así, la parlamentaria de Geroa Bai Isabel Aramburu ha afirmado que la presentación de este anteproyecto es un momento "agradable y gozoso, porque la lucha contra la pobreza y la exclusión ocupan un lugar privilegiado de nuestra agenda política, porque defendemos unas políticas redistributivas y abogamos por fomentar la cohesión social".
Por parte de EH Bildu, Asun Fernández de Garaialde ha hecho una valoración "francamente positiva" del anteproyecto de ley, "fruto del debate y la colaboración entre el Gobierno, entidades sociales, profesionales, personas afectadas y las cuatro fuerzas que apoyamos al Gobierno, un diálogo que nos ha llevado a la redacción de una ley que mejora notablemente la anterior".
El parlamentario de Podemos Mikel Buil ha destacado que con esta ley su partido "conquista el segundo punto del programa de rescate ciudadano". "El primero era generar una Vicepresidencia con empleo y vivienda bajo el paraguas de los derechos sociales y el segundo era derogar la renta de inclusión de UPN, PSN y PPN, y garantizar cuando menos el nivel de 2011 en ingresos mínimos. Nuestro tercer punto va a ser ir a por la vivienda vacía", ha señalado.
Finalmente, el portavoz de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, ha hecho una valoración "claramente positiva" de la ley, "porque responde a la primera prioridad que defendemos para el cambio en Navarra, que es la prioridad social". "Después de ocho meses del cambio en Navarra se están dando pasos y se está trabajando con intensidad en esta dirección", ha destacado.
