El Gobierno foral ha aprobado el proyecto de ley que regula esta prestación
PAMPLONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Navarra ha aprobado este miércoles en su sesión ordinaria un proyecto de ley por el que se regulan los derechos a la inclusión social y a la renta garantizada, con el objetivo de promover la integración sociolaboral y luchar contra la pobreza infantil y de las personas mayores.
Esta nueva prestación, que sustituirá a la actual renta de inclusión social, supondrá una inversión adicional durante los dos próximos años de 18,8 millones. De ellos, 5,08 corresponden a deducciones fiscales y 13,72 a un mayor gasto social, cuya distribución por años será de 60.600 euros en 2016, 11,3 millones en 2017 y 2,3 millones en 2018.
Según ha explicado el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, en rueda de prensa tras la sesión del Gobierno, con estas cantidades se mejorarán la cobertura y las cuantías que reciben actualmente unas 25.000 personas, que son aproximadamente el 80% de las perceptoras de la renta de inclusión social. Por el contrario, unas 5.000, el 20%, verán reducida su prestación de los 655,20 euros mensuales a los 600 euros.
Además, otras 2.800 personas nuevas podrán incorporarse a la renta garantizada gracias a la extensión de esta prestación a personas mayores de 65 años; la eliminación del requisito de contar con un permiso legal de residencia para acceder a esta ayuda; el acceso de unidades familiares con menores a cargo que lleven solo un año de residencia en Navarra; o la posibilidad de prorrogar la renta garantizada más allá de los 36 meses si persiste la situación de necesidad.
El vicepresidente Laparra ha destacado durante su intervención la "importancia trascendental" de este proyecto de ley, que será enviado al Parlamento Navarra, para "combatir la pobreza severa, mejorar la cohesión social y procurar la integración social y laboral del conjunto de la sociedad navarra". En este sentido, el consejero ha resaltado la importancia de la nueva renta en el avance hacia la igualdad de género, dadas las prestaciones de las que podrán beneficiarse las mujeres.
Desde que se presentó el anteproyecto el pasado mes de marzo, el texto ha sido mejorado con las aportaciones recabadas durante el proceso de participación social al que ha sido sometido. Así, se han aceptado sugerencias referidas a aspectos como las actualizaciones periódicas del Plan de Inclusión que se elabore o la rebaja de los requisitos para que puedan acceder a la renta garantizada las unidades familiares encabezadas por personas con edades entre 18 y 24 años. Asimismo, se han precisado las revisiones que realizará el Gobierno de Navarra, que no se enfocarán en restringir los derechos sino en velar porque las personas beneficiarias cumplan los correspondientes requisitos.
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Un doble derecho
Como se ha indicado, el proyecto de ley recoge no solo el derecho de las personas sin recursos a percibir una prestación económica, sino también el derecho a la inclusión social y laboral con estímulos al empleo, entre otras medidas. Por su parte, las personas beneficiarias deberán estar disponibles para trabajar y aceptar las ofertas de trabajo o los itinerarios de formación que se les ofrezcan desde los servicios sociales y de empleo.
Las personas que quieran acceder a esta nueva prestación deberán carecer de ingresos y de un patrimonio suficiente. Además, tendrán que acreditar una residencia efectiva en Navarra de al menos dos años, salvo en las unidades familiares con menores a cargo, para las que el requisito será de un año.
Como novedad, no será necesario contar con un permiso legal de residencia en España. Actualmente, solo pueden acceder a la renta de inclusión social aquellas personas en situación irregular que tengan a su cargo hijos o hijas menores de 16 años o que hubieran perdido la residencia legal tras quedarse sin empleo,
Otro requisito es la edad, que será a partir de los 18 años. No obstante, las unidades familiares encabezadas por personas de entre 18 y 24 años deberán llevar una vida independiente de su familia de origen desde al menos dos años y también un año de cotización a la Seguridad Social.
Las personas solicitantes mayores de 65 años que cumplan los requisitos establecidos y reciban una pensión no contributiva por jubilación, tendrán una deducción fiscal de tal manera que percibirán lo mismo que el resto de unidades familiares perceptoras de la renta garantizada, pudiéndose hacer efectivo mediante el pago anticipado mes a mes.
Cuando más de una unidad familiar conviva en un mismo domicilio, cada una de ellas recibirá la renta garantizada que le corresponda hasta un máximo de tres. Hasta ahora, independientemente del número de familias que compartieran domicilio, solo se percibía una renta y media.
De manera excepcional, las unidades familiares con una situación de exclusión social grave podrán acceder a la renta garantizada aunque no cumplan alguno de los requisitos exigidos.
Nueva escala de prestaciones y duración
El proyecto presentado incluye una nueva escala de cuantías económicas, que mejorarán respecto a la renta de inclusión social vigente para aquellas familias con dos o más miembros. Las cuantías oscilarán desde los 600 hasta los 1.200 euros. Actualmente varían entre los 655,20 y los 982,90 euros.
Con esta nueva escala se pretende priorizar la lucha contra la pobreza infantil en las familias con menores a su cargo. En 2015, el 38% de las personas beneficiadas por la renta de inclusión social tenían menos de 18 años, es decir, 10.820 de un total de 28.839. De estos menores, 3.891 vivían en una familia monomarental y 462 en una monoparental.
Los importes mencionados se actualizarán automáticamente con el IPC de Navarra o con la variación del salario medio de la Comunidad Foral. De estos dos indicadores se empleará el que sea de mayor cuantía para que las personas más vulnerables no pierdan capacidad adquisitiva.
Por último, se elimina el tope máximo de 36 meses para percibir esta prestación, de tal modo que si agotado este periodo persiste la situación de necesidad, se podrá prorrogar la renta por periodos sucesivos de 12 meses. Actualmente, si una familia percibe la renta de inclusión social durante 36 meses debe estar un año sin cobrarla.
