Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 13/10/2006

Mariscal (IU) entiende que el Ayuntamiento de Córdoba cumpla la Ley Antibotellón, pero llama a los jóvenes a incumplirla

CÓRDOBA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El parlamentario andaluz de IU por Córdoba, José Manuel Mariscal, dijo hoy que entiende, ya que está obligado a ello, que el Ayuntamiento de Córdoba cumpla la Ley Antibotellón, aunque confió en que no sancionará a los jóvenes "que no armen jaleo", y pidió a éstos últimos que no acaten la Ley y se reúnan en parques "en torno a un litro de cerveza".

   En declaraciones a Europa Press, Mariscal reaccionó así al conocer que la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar (IU), anunció hoy que el Consistorio cordobés cumplirá la Ley Antibotellón pero no la utilizará para "perseguir" a los jóvenes.

   A este respecto, Mariscal dijo que IU llamará en toda Andalucía, también en la capital cordobesa, a "la desobediencia civil" ante la nueva norma autonómica, aclarando que una acción de desobediencia civil en este caso implicará "un acto ilegal consciente, para echar a bajo una Ley meramente represiva y, por tanto, inútil, pues los jóvenes, como nos lo demuestra la experiencia de Madrid ante otra norma similar, considerarán divertido incumplirla".

   En este sentido, señaló que IU pide a los jóvenes que "se sigan juntando en un parque o donde quieran para charlar en torno a un litro de cerveza o de refresco, porque la Ley también persigue el consumo de cualquier bebida no alcohólica", y ante acciones como ésta, IU confió en que "a éstos jóvenes, mientras no armen jaleo, no se les sancione, como así ha venido ocurriendo en Córdoba hasta ahora y como seguirá ocurriendo".

   Al margen de la actitud que adopte el Ayuntamiento cordobés frente a quienes incumplan en la capital cordobesa la nueva Ley, para Mariscal resulta evidente que al de Córdoba, como al resto de los ayuntamientos andaluces, "le será difícil perseguir el incumplimiento de la norma, ya que a los consistorios no se les ha dotado presupuestariamente para aplicar las nuevas competencias que les otorga una Ley que criminaliza el ocio de los jóvenes y que no es más que un mero catálogo de acciones represoras que recorta los derechos de reunión y de ocupación de la vía pública, lo cual puede ser inconstitucional, y por eso lo estudiará nuestro gabinete jurídico".

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