La asociación Cercle Obert de Benicalap de Valencia se ha dirigido a la Fiscalía General del Estado y a Anticorrupción para pedirles que abran una "investigación urgente y rigurosa" por la recalificación del nuevo estadio del Valencia ya que cree que el Ayuntamiento "presionado por el constructor Bautista Soler, realiza recalificaciones urbanísticas que perjudican y lesionan a los ciudadanos y contribuyentes" y se adopten medidas de investigación urgentes para "detener y paralizar esa injustificada e ilegal recalificación de terrenos".
Según indicó el presidente de la asociación, Antonio Marín, en un comunicado, se dirigen a la Fiscalía con la "petición formal" de realizar una investigación porque creen que todos estos procesos "perjudican y lesionan a los ciudadanos y contribuyentes" ya que, afirmó, "esos procesos urbanísticos son completamente ajenos a lograr el bienestar general y duradero de los habitantes, dado que únicamente favorecen los intereses de una empresa privada, que tiene el control y la propiedad de un equipo deportivo: Valencia, Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva".
Al respecto, sostuvo que "independientemente" de que la zona de Benicalap-Campanar-Beniferri, donde está proyectado el nuevo estadio, sufra "graves y crecientes problemas de tráfico, contaminación y muy visibles y alarmantes carencias de equipamientos públicos culturales, educativos, asistenciales, sanitarios, sociales" es "preciso insistir en la falta de lógica y total irracionalidad a la hora de recalificar unos terrenos municipales a favor de unos intereses privados".
Por ello, recalcó que la permuta "no está sustanciada ni definida, dado que se desconocen los terrenos que devolverá el Valencia, Sociedad Anónima Deportiva, teniendo fundadas y razonables sospechas de que la ciudad de Valencia nunca recibirá los terrenos correspondientes".
En consecuencia, agregó, "los ciudadanos valencianos perdemos unos terrenos básicos y esenciales, destinados en el Plan General de Ordenación a espacios deportivos de titularidad pública que deben ser destinados al uso y disfrute de la muy numerosa y creciente población existente en la zona de Benicalap, Beniferri y Campanar".
Del mismo modo, criticó que el uso de la permuta se realiza cuando la ciudad "necesita terrenos para hacer colegios, centros de salud y jardines", mientras que "una empresa privada quiere unos terrenos públicos para crear un estadio de fútbol y centro comercial de titularidad y gestión totalmente privada, incrementando los ya graves problemas de contaminación acústica y densidad de tráfico que padece toda la zona por la falta de planificación urbanística que sufrimos desde hace muchos años".
Martín insistió en que el solar existente en Benicalap-Campanar estaba destinado en el Plan General de Ordenación Urbana para acoger instalaciones deportivas de titularidad pública, por lo que remarcó: "no es realmente necesario ni racional recalificar esos terrenos para favorecer los negocios e intereses de una gran empresa privada, como es hoy en día el Valencia, SAD, vinculada directamente al sector de la construcción inmobiliaria".
Además, recordó que en el Plan Director Municipal de Instalaciones Deportivas de Valencia, difundido por el Ayuntamiento de Valencia en el año 2000 para favorecer el uso participativo del deporte, la parcela sita en Doctor Nicasio Benlloch/Avenida Cortes Valencianas "estaba y sigue estando destinada a acoger las instalaciones deportivas existentes en el Parque Natural del Saler y Albufera de Valencia, dado que es ilegal que en una zona protegida puedan existir ese tipo de equipamientos".
De hecho, afirmó que el Parlamento Europeo y las instituciones comunitarias ya han aportado "importantes sumas" de dinero a la Generalitat Valenciana para hacer efectivo el traslado de esas instalaciones al solar ubicado en Doctor Nicasio Benlloch/Avenida Cortes Valencianas con objeto de "dar efectiva protección al muy degradado y expoliado Parque Natural del Saler y Albufera de Valencia".
Por todo ello, esta asociación solicita la intervención de la Fiscalía General del Estado, de la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Administraciones Públicas, de Presidencia del Gobierno, del Defensor del Pueblo, Congreso de los Diputados, del Parlamento Europeo para que "atiendan y cursen las denuncias y peticiones de investigación que numerosos vecinos y colectivos cívicos independientes llevamos tiempo formulando, ante la existencia de numerosos abusos y aberraciones urbanísticas e institucionales que llevamos años padeciendo en Valencia ciudad y resto de Comunitat".
PERMUTA INJUSTIFICADA
Así, inciden en que la permuta a favor de una empresa privada "dedicada a la especulación urbanística y degradación ambiental" que "no van a ser destinados a equipamientos públicos para uso y disfrute real" de los vecinos de Valencia "no se ajustan a lo establecido en la legislación vigente, dado que se ignoran las causas reales para activar y aprobar recalificaciones urbanísticas, privando definitiva e irracionalmente a la población de la zona de unos terrenos esenciales que deben ser siempre destinados a la creación de equipamientos en aras a permitir el desarrollo cultural, deportivo, social, asistencial, emocional de los actuales y futuros habitantes".
Del mismo modo, recalcó que "no entendemos el interés y empeño que tiene el Ayuntamiento de Valencia en favorecer a empresas privadas del sector de la construcción, ignorando y despreciando sistemáticamente las necesidades de los ciudadanos valencianos y el anhelo legítimo a vivir en entornos dignos, limpios, amables, que no mermen la calidad de vida y permitan el desarrollo físico y psíquico adecuado de los habitantes actuales y futuros".
Por contra, señaló que los vecinos de la zona norte "sufrimos grandes y graves desequilibrios dada la visible falta de equipamientos y servicios públicos" y advirtió de que "el regalo" de este solar "va a incrementar las ya enormes carencias y el ya elevado e insoportable grado de contaminación, suciedad y tráfico que padece la zona, privando a los ciudadanos de Benicalap, Beniferri y Campanar de poder desarrollarse y vivir con dignidad y equilibrio".
Además, indicó que el Parlamento Europeo ha tenido a bien aceptar y cursar sus peticiones de investigación, creando las preceptivas comisiones de investigación ante la "injustificada e incomprensible indolencia institucional y judicial que existe en España" y que en breve, un colectivo de europarlamentarios visitará la Comunitat para así poder "evaluar y catalogar los daños y las aberraciones urbanísticas que han permitido, aprobado y apoyado numerosos ayuntamientos e instituciones autonómicas".
"Esperamos que las instituciones judiciales y administrativas competentes, procedan de una vez a emprender acciones de investigación, en aras a que se depuren responsabilidades penales y administrativas eficaces, castigando con la debida dureza a los responsables intelectuales y materiales de tanto abuso y atropello urbanístico y ambiental, pues el desprestigio de las instituciones aumenta de forma imparable y la desconfianza ciudadana crece ante tanta atrocidad e ilegalidad urbanística, ambiental, institucional", apostilló.