MADRID, 18 May. (OTR/PRESS) -
La Justicia española podrá perseguir extraterritorialmente a las personas u organizaciones ilegales que promuevan el tráfico ilegal o la inmigración de seres humanos, gracias al Anteproyecto de Ley Orgánica aprobado hoy por el Consejo de Ministros, que modifica el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, el Ejecutivo acordó destinar 220 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas para la financiación de la Ley de Dependencia en 2007, ratificando así lo aprobado por el Consejo Territorial de la Dependencia en su reunión del pasado 9 de mayo.
La principal novedad del Anteproyecto aprobado hoy es que se otorga a los tribunales españoles la jurisdicción para perseguir los delitos de tráfico ilegal de personas e inmigración clandestina, ya que hasta ahora en España sólo podían enjuiciarse actividades de tráfico de seres humanos detectados fuera del país si estaban orientadas a la explotación sexual de los mismos. La nueva normativa equipara estos delitos a otros como el genocidio, el terrorismo, la piratería, la falsificación de moneda extranjera, la prostitución, la corrupción de menores o el tráfico de drogas, para los que los jueces españoles ya eran competentes.
Para la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, los delitos que a partir de ahora podrán ser perseguidos por la Justicia española son de "un tipo de criminalidad trasnacional que atenta a valores fundamentales, que se aprovecha de las condiciones más extremas de los seres humanos más desvalidos sometiéndolos a una doble explotación". Por todo ello, aseguró que para el Gobierno es prioritario "combatir a las mafias que trafican con seres humanos, que se enriquecen a su costa y promueven su explotación".
En consecuencia, De la Vega anunció que el Ejecutivo ha suscrito acuerdos con Argelia, Marruecos y Mauritania de extradición, asistencia jurídica en materia penal, repatriación de menores, fortalecimiento de la justicia, asistencia a detenidos y traslado de personas condenadas, entre otros asuntos, tras analizar un informe de los ministerios de Exteriores, Interior y Justicia que constata que existen redes de tráfico de seres humanos cada vez más eficaces cuyo origen está en el norte de África. Además, desveló que el Ejecutivo está suscribiendo nuevos acuerdos con Cabo Verde, Senegal, Gambia y Guinea Conakry.
SITUACIÓN QUE MEJORA "NOTABLEMENTE"
La vicepresidenta apuntó que "Argelia y Marruecos son los dos principales países de la región que tienen que afrontar y encarar una estrategia conjunta", para lo que asegura estar trabajando y afirmó que "hasta donde sea posible, España va a atender las demandas de cooperación y asistencia técnica en todos los países del Magreb". Como ejemplo, De la Vega recordó que estos últimos meses se han concedido subvenciones extraordinarias a Marruecos y a Mauritania para el control de fronteras y se ha donado material a este último y Senegal.
Además, la vicepresidenta se mostró optimista durante la rueda de prensa ofrecida tras el Consejo de Ministros y precisó que la llegada de inmigrantes clandestinos a nuestro país ha mejorado "notablemente" respecto al mismo periodo de 2006, ya que el número de 'sin papeles' llegados a costas españolas ha bajado un 67%. De todas formas, reconoció que "en las próximas semanas pueden seguir llegando nuevas embarcaciones" por lo que advirtió que "no podemos cerrar los ojos al problema", sino que "necesitamos someterlo a un análisis continuo".
LEY DE DEPENDENCIA
Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó la distribución de un fondo de 220 millones de euros a las comunidades autónomas destinado a la financiación de la llamada Ley de Dependencia con intención de "agilizar" la puesta en marcha de la norma, según apuntó la vicepresidenta De la Vega. Para este reparto, el Ejecutivo ha tenido en cuenta criterios como el número de personas mayores, discapacitados, la estimación de grandes dependientes, la superficie o la insularidad, y en consecuencia, las comunidades que recibirán una mayor aportación serán Andalucía (36,2 millones de euros), Cataluña (32,3), Madrid (23,4), Comunidad Valenciana (21,2), Galicia (18,7) y Castilla y León (17,8).
De la Vega aseguró que gracias "al consenso social unánime" y la colaboración de las comunidades autónomas y asociaciones "es posible trabajar muy deprisa para la traslación de la Ley a la vida cotidiana de las personas", una ley que "es muy joven y compleja", aunque "ya está en marcha".
