COLUMBUS (OHIO), 5 Jun. (EP/AP) -
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) denunció hoy que Christopher Newton, un preso ejecutado el pasado mes de mayo en un penal de Ohio mediante inyección letal, tardó al menos 90 minutos en morir --hasta el punto de que los verdugos permitieron al condenado a ir al cuarto de baño en medio de la ejecución-- y sufrió no menos de diez pinchazos para encontrarle la vena.
La organización ha pedido por ello una investigación amplia sobre esta ejecución e incluso ha reclamado que se haga público el nombre de los médicos que participaron voluntariamente y de los policías que supervisaron la ejecución, en pleno debate abierto en Ohio sobre si se deben hacer públicas las indentidades de los verdugos.
Los sectores contrarios a la pena de muerte han asegurado que la ejecución de Newton, que tuvo lugar el pasado 24 de mayo, es una más de las muchas ejecuciones "chapuceras" que se realizan en todo el país, por lo que han exigido que los responsables de estos hechos respondan públicamente de ellos.
En este sentido, recordaron el caso del doctor Alan Doerhoff, participante en varias ejecuciones en Missouri y del que se supo por la prensa que ha sido denunciado por malas prácticas en más de 20 ocasiones.
Otro caso es el de Ángel Díaz, ejecutado en Florida el pasado mes de diciembre, que tardó 34 minutos en morir, el doble de lo normal. Los verdugos le administraron una poco habitual segunda dosis de productos químicos letales, y la autopsia reveló posteriormente que tenía la carne de los brazos abierta a causa de pinchazos innecesarios.
El director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, organismo contrario a la pena capital con sede en Washington, Richard Dieter, considera que los ciudadanos no podrán comprobar la eficacia real de las ejecuciones si no se hacen públicos los nombres de sus ejecutores.
En respuesta, el presidente de la Fundación para la Justicia Criminal Legal de Sacramento (California) --partidaria de la pena de muerte--, Michael Rushford, ha acusado a los detractores de la pena capital de pretender intimidar a los ejecutores de las condenas.
Asimismo, ha advertido de que la difusión de las identidades de los médicos que participan en las ejecuciones les enfrentaría a sanciones de la Asociación Médica Americana, ya que estarían violando su juramento de "antes que nada, no hacer daño".