MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Permanente de los Pueblos condenó ayer a Repsol por violar los derechos humanos y atentar contra el planeta en las actividades que desempeña tanto en España como en los países de Latinoamérica en los que tiene presencia, especialmente en Colombia. La compañía manifestó su "absoluto rechazo" a estas acusaciones y esgrimió su política de responsabilidad social corporativa, que le ha llevado a invertir "30 millones de euros para la protección de la biodiversidad y los derechos de los pueblos".
El 'juicio' en este tribunal de carácter no gubernamental, que tuvo lugar ayer en Madrid, estuvo organizado por un compendio de organizaciones no gubernamentales como la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa (RCADE), la plataforma Repsolmata, Ecologistas en Acción, Paz con Dignidad, IPES o la Unión Sindical Obrera (USO), y contó con ocho ponentes que a modo de 'testigos' expusieron su versión de las distintas actividades de Repsol YPF en el mundo.
A modo de juez, el coordinador del aula de derechos humanos de IPES, Mikel Berraondo; como fiscal, la abogada colombiana Rocío Bedoya y, de 'abogado de la defensa', la ambientalista Begoña Carrera, analizaron las acusaciones vertidas por los ponentes hasta concluir que Repsol YPF "contribuyó a la destrucción ambiental del planeta; incrementó el desplazamiento de poblaciones indígenas" y "continuó con el saqueo de recursos en los países del Sur".
RESTITUIR COMUNIDADES INDÍGENAS
Asimismo, consideraron culpable a la empresa española de "operar en países donde se producen continuas violaciones de derechos humanos" y "poner en peligro la posibilidad de las generaciones presentes y futuras de continuar viviendo de una forma digna" por lo que la condenaron a "restituir a las comunidades indígenas sus territorios" y "retirarse de aquellas zonas donde la población local lo requiera", además de "devolver la deuda ecológica".
Entre los hechos que se dieron por "probados" destaca la actividad de la petrolera en la región colombiana de Arauca, una población de unos 300.000 habitantes donde Repsol YPF mantiene actividades en solitario, en colaboración con la americana Oxy o en compendio con la estatal Ecopetrol. La zona, según el vocal de Paz con Dignidad, Pedro Ramiro, "superó en 2003-2004 todos los récords en número de asesinatos y violación de derechos humanos" respecto al resto del país.
El portavoz de las Organizaciones Sociales de Arauca, Adelso Gallo, tildó de "invasión" la presencia de Repsol en la región y denunció que "igual que todas las compañías petroleras" que operan allí, la española "tiene relaciones con los paramilitares" y "no hace nada sin consultarles" porque, afirmó, les utilizan para "garantizar su seguridad".
Así, destacó que se han producido "más de veinte masacres" en los territorios de explotación petrolera, orquestadas por los paramilitares y, en concreto, los de "la Brigada XVIII" que, según había apostillado Ramiro, recibieron como parte del 'Plan Colombia' "noventa millones de dólares para proteger el oleoducto" que circula por el norte de la región.
Este dinero habría sido directamente desviado por el Gobierno de los Estados Unidos en calidad se "subvención a la Brigada XVIII" para proteger los intereses de Oxy, con quien Repsol mantiene un acuerdo de explotación en la región, "como se le escapó a la embajadora americana" cuando, siempre según explicó Ramiro, habló de los proyectos que cubriría el citado plan de inversiones sobre el país latinoamericano.
Por su parte, el también 'testigo' Germán Suárez, representante del USO colombiano, afirmó que la citada brigada paramilitar recibió como encargo "vigilar a la USO para evitar que le vendieran a los trabajadores de Oxy y British Petroleum crearan sindicatos" algo de lo que, según la 'sentencia' Repsol es "corresponsable" en calidad de propietario del 35% de la explotación de la petrolera americana en el campo de Caño Limón.
"ESCRUPULOSO RESPETO"
Por su parte, Repsol YPF manifestó su "más absoluto rechazo" a las acusaciones vertidas por las organizaciones y afirmó que "el compromiso con la sociedad es un aspecto central" de sus actividades, porque la compañía tiene como "principio estratégico el respeto de los Derechos Humanos".
En declaraciones a Europa Press, fuentes de Repsol aseveraron que "en los treinta países en los que tiene presencia, mantiene políticas activas por las comunidades con más de 700 programas de acción social en marcha que incluyen desde microcréditos, hasta programas anti-sida, de agricultura y educación" que cuentan con un presupuesto de "más de treinta millones de euros".
En este sentido, manifestaron las mismas fuentes, "tenemos mucha capacidad de comunicación con las comunidades y un total y escrupuloso respeto hacia los derechos humanos, la biodiversidad, la cultura y el medio ambiente en cada lugar en el que estamos presentes".