La Coalición pro Acceso, formada por quince organizaciones entre las que se encuentran Amnistía Internacional y la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU), exigió hoy al Gobierno que "cumpla su promesa electoral" y regule mediante una ley integral el derecho universal a tener acceso a la información pública, algo que ya contemplan 22 de los 27 países miembros de la UE.
La importancia de una legislación en este sentido radica, según la coalición, en la necesidad de regular y reconocer el "derecho fundamental" de todas las personas a saber "qué pasa con el dinero que transfieren a su gobierno en forma de impuestos" o "cómo el Ejecutivo está utilizando el poder que le ha sido concedido mediante las elecciones".
Para ello, cualquier persona debería tener garantizado el acceso a la información pública que le interese, ya sea de una administración como de una empresa pública o de una compañía que opera con fondos públicos (con las salvedades propias del respeto a la intimidad de las personas y las políticas de seguridad nacional), en un plazo breve de tiempo y sin necesidad de justificar para qué desea esta información.
FÁCIL EN OTROS PAÍSES.
Así, explicó la coordinadora de la coalición, Eva Moraga, se podría hacer en España lo que ya es posible en Portugal: "Uno llama por teléfono", pide, por ejemplo, el historial de contratos laborales que ha tramitado una administración local en un periodo determinado de tiempo, "y lo recibe en unos días por correo electrónico" sin necesidad de papeleo ni explicaciones.
En opinión de las organizaciones que participan en esta coalición, en España la ciudadanía no es del todo consciente de la existencia de este derecho ni del alcance que puede tener el mismo, porque puede aplicarse tanto a cuestiones de ámbito general, como el acceso a la documentación de una licitación de una obra para conocer las condiciones, hasta aspectos más cotidianos como acceder a la propia historia clínica.
Esta nueva ley deberá contemplar también la creación de un "órgano rector" que vele por el funcionamiento de la misma y contar con una dotación presupuestaria suficiente como para formar al funcionariado en la búsqueda y procesamiento de la información requerida por los ciudadanos. "El funcionario es el intermediario entre el ciudadano y su Gobierno", apuntó Moraga y "tiene que ponerse a trabajar" cuando recibe una petición de información.
Sin embargo, un estudio de monitoreo elaborado en 2004 por Justice Initiative demostró que en España, el 62% de las solicitudes de información pública reciben "el silencio como contestación", un porcentaje que sitúa su nivel de desarrollo en este sentido por detrás de países como Bulgaria, Rumania, Armenia o Perú.
"Si la información es poder, y se trata de información pública, significa que todos los ciudadanos debemos tener acceso a ese poder", declaró el vocal de Sustentia, Juan José Cordero.