Antonio Casado
Rajoy y el pacto fiscal.
MADRID, 14 Ene. (OTR/PRESS) -
En los desayunos de Europa Press el presidente de la Generalitat, Artur Mas, apeló el jueves pasado a la voluntad política de quienes gobiernan las instituciones del Estado como la mejor palanca de la que hoy por hoy es la principal reivindicación de los nacionalistas de CiU. Me refiero a lo que ellos llaman "pacto fiscal". No es otra cosa que la segregación económica, fiscal y financiera de Cataluña.
Apenas veinticuatro horas antes, en el Congreso de los Diputados, los dieciséis representantes de CiU habían votado favorablemente la convalidación del decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 30 de diciembre, con impopulares subidas de impuestos (IRPF, IBI y rentas del capital) y severos recortes del gasto público.
Muchos observadores han detectado en el inesperado apoyo de los nacionalistas catalanes al tijeretazo de Nochevieja lo que podría ser un pacto PP-CiU que sirviera al Gobierno de Mariano Rajoy para compartir los costes de una política de recortes. A los nacionalistas de Artur Mas les compensaría también contar con los diputados del PP en Cataluña, donde el Gobierno de la Generalitat carece de mayoría absoluta.
"No hay contrapartidas", han declarado por una y otra parte. Simplemente, eso no es creíble, por mucho que el president se empeñase en convencernos de que el PP, con mayoría absoluta en el Congreso, no necesita del apoyo de CiU. Y que, por su parte, CiU tiene alternativas en el Parlamento para evitar el colapso político de su Gobierno sin pasar por el PP. Según Mas, el voto de los 16 diputados de CiU a favor del tijeretazo fue un ejercicio de responsabilidad, como ya hizo su partido en mayo de 2010 para evitar la intervención de la economía española.
Habida cuenta que solo quince días antes los 16 diputados de CiU habían votado contra el programa de Gobierno presentado por Rajoy en la sesión de investidura, hay quien teme que la inesperada generosidad de Artur Mas y su portavoz en el Congreso, Durán i Lleida, pretenda persuadir al Gobierno del PP de que le conviene tomarse en serio la reivindicación de un pacto fiscal que permita a la Generalitat gestionar sus ingresos y sus gastos, como ya hacen las Comunidades Forales del País Vasco y Navarra.
Se trata en realidad, como queda dicho, de una forma de segregación económica, fiscal y financiera respecto al Estado español, aunque la formulación como "pacto fiscal" sugiere la conformidad de la otra parte. El Gobierno Rajoy en este caso. "Si se quiere, se puede", dijo el molt honorable. Es tanto como dejar la pelota a los pies de Mariano Rajoy, cuya fuerza parlamentaria le permitiría impulsar el gran objetivo del nacionalismo catalán para este año. También para impedirlo. Efectivamente, es un problema de voluntad política y, si Rajoy no se vuelve loco, su voluntad será la de pararle los pies a Artur Mas.