El Gobierno restringirá por dos años la entrada de rumanos y búlgaros al mercado laboral español

Actualizado 16/12/2006 19:49:27 CET

- UGT considera que la medida se ajusta a las exigencias de los sindicatos y la patronal

MADRID, 16 Dic. (OTR/PRESS) -

Ante el próximo ingreso de Rumanía Y Bulgaria en la Unión Europea, el Gobierno español establecerá una moratoria de dos años para el acceso al mercado laboral de nuestro país a los ciudadanos de origen rumano y búlgaro. Esta medida se hizo pública hoy en Bucarest con motivo del viaje oficial al que acudieron los ministros de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y Trabajo, Jesús Caldera. Desde UGT se dio el visto bueno a esta medida ya que consideran que "corresponde" al planteamiento realizado por sindicatos y patronal. Por el contrario, para IU esta moratoria es una decisión "equivocada".

La moratoria, que será aprobada por el Consejo de Ministros el próximo viernes, se revisará el próximo año y si el flujo de trabajadores procedentes de Rumanía y de Bulgaria es "normal" y no se "producen alteraciones sustanciales" podría eliminarse esa restricción de común acuerdo con los agentes sociales. Uno de los motivos por los que el Gobierno decidió establecer esta moratoria es que de los dos países de nuevo ingreso en la UE, los rumanos representan la comunidad más importante y son los que suelen ocupar más puestos de trabajo, sobre todo en el sector de la construcción y en el de la agricultura.

La decisión de restringir la entrada al mercado laboral español de los ciudadanos procedentes de estos dos países, que pasarán a formar parte de la UE el próximo 1 de enero, se dio a conocer hoy en Bucarest en el marco del viaje oficial de Rubalcaba y Caldera a Rumanía y Bulgaria. El motivo de la visita fue tratar con las autoridades de cada país las condiciones de acceso a la UE.

Ante este hecho, las autoridades rumanas se mostraron "satisfechas" por los términos de moratoria, ya que la consideraron "flexible y muy favorable" para ambos países. España se convertiría así en el primer país en tomar esta medida.

Actualmente, en España hay alrededor de 200.000 trabajadores rumanos y 25.000 de origen búlgaro. Su ingreso en la UE supondrá que a partir del próximo año no necesiten un permiso de residencia, al igual que sucede con el resto de Estados miembros. Sin embargo, la situación de los rumanos y búlgaros residentes en España, que tengan ya un contrato laboral, no se verá afectada. Por el contrario,, los que carezcan de él deberán solicitar un permiso durante el primera año de moratoria.

En relación a la moratoria, la responsable de Inmigración de UGT, Almudena Fontecha, mostró su satisfacción, ya que ésta se "corresponde" con el planteamiento llevado a cabo por sindicatos y patronal. Además, añadió que la moratoria debe realizarse para garantizar el criterio de igualdad de oportunidades para los trabajadores, como ocurrió con otras ampliaciones de la Unión Europea.

A esta opinión se sumó el responsable de Inmigración de CC.OO, Julio Ruiz, que calificó la moratoria como una decisión "acertada", ya que supone una "coherencia total" con la trayectoria de la construcción europea, dado que se aplicó a todo los países que se incorporaron a la UE en las distintas ampliaciones. Ruiz añadió que esta decisión "conecta perfectamente" con la reflexión trasladada al Gobierno por parte de los agentes sociales.

Por su parte, el presidente de Federación de Asociaciones de Inmigrantes en España, Miguel Fondas, consideró hoy "bastante lúcida" la decisión del Gobierno de revisar el próximo año la moratoria, alegando que el mercado español "necesita más trabajadores". Ante este hecho se mostró convencido de que el Ejecutivo eliminará estas restricciones después de la revisión.

DECISIÓN "CONTRADICTORIA"

Sin embargo, el coordinador de Economía y Mundo de Izquierda Unida, Javier Alcázar, criticó hoy esta decisión, al considerarla "contradictoria". Alcázar consideró que el Gobierno no tuvo "ningún problema" para aprobar la Directiva Bolkestein - que entrará en vigor en 2010 y que tratará de eliminar las trabas burocráticas al libre establecimiento de empresas de servicios o a la prestación de servicios por parte de compañías establecidas en otros Estados miembros- y por el contrario esté siendo tan "diligente" a la hora de aprobar la incorporación de trabajadores rumanos y búlgaros con todos los derechos.

Por este motivo, recalcó que los trabajadores europeos son los "primeros" que deberían igualar sus derechos, y "no las grandes expectativas de negocio". Además, Alcázar apuntó que los grandes problemas de nuestro mercado laboral radican en nuestra "propia estructura, con una economía que crece el doble que la media de la UE", pero que cuenta con un 25 por ciento de "economía sumergida". Y concluyó que para resolver este hecho los trabajadores inmigrantes, también rumanos y búlgaros, trabajen en "condiciones de igualdad y con unos derechos regulados"

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