Grande-Marlaska prohíbe incinerar los cuerpos y abre investigación sobre el ataque a la FINUL

Actualizado 26/06/2007 21:47:42 CET

- El coche bomba cargaba 70 kilos de C4, un explosivo cinco veces más potente que el TNT

BEIRUT/MADRID, 26 Jun. (OTR/PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ordenó hoy abrir de oficio una investigación sobre el ataque con coche bomba que el pasado domingo destrozó un BMR del Ejército español y se llevó la vida de seis soldados de la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL) en la localidad de Jiyam, en el Sur del país de los cedros. Un atentado que, según el periódico libanés, 'The Daily Star' fue perpetrado con cerca de 70 kilogramos del poderoso explosivo plástico C4, cinco veces más potente que el TNT.

El titular de guardia del Juzgado Central de Instrucción número 3, que se encuentra de guardia esta semana en la Audiencia Nacional, prohibió la incineración de los cadáveres de los seis militares por si fuera necesario más adelante practicarles una segunda autopsia para esclarecer algún aspecto de la investigación. La decisión adoptada hoy por el magistrado permite que el cuerpo de uno de los militares de nacionalidad colombiana sea repatriados a su país, como estaba previsto, aunque tampoco podrá ser incinerado allí.

Además, el juez solicitó informes sobre el atentado a los ministerios de Exteriores y Defensa, así como al Juzgado Togado Militar que incoó diligencias en un primer momento tras tener noticia de lo ocurrido en Líbano, al ser los fallecidos del Ejército español. La apertura de esta investigación se basa en el artóculo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que señala que la jurisdicción española es competente para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse como terrorismo.

Se trata de la segunda vez en los últimos años que la Audiencia Nacional investiga un atentado contra españoles en el extranjero, aunque con poco éxito. En diciembre de 2003, el juez Fernando Andreu inició la investigación del asesinato de siete agentes del CNI el 29 de noviembre de ese mismo año en Latifiya (Irak), pero en febrero de 2004 decretó el archivo de diligencias porque fue "consecuencia de un ataque armado cometido por un grupo de personas, cuya identidad por el momento se desconoce, y que está siendo investigado por las autoridades de las Fuerzas de la Coalición desplegadas en la zona".

INVESTIGACIÓN SOBRE EL TERRENO

Sin embargo, la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), que preside el brigada del Ejército de Tierra Jorge Bravo, anunció, poco después de conocerse la decisión de Grande-Marlaska, solicitar su personación como acusación popular en el proceso judicial abierto. El secretario general de AUME, Mariano Casado, confirmó que la directiva de la asociación acordó solicitar su incorporación al procedimiento en calidad de acusación popular y que, en breve, iniciará los trámites legales necesarios para poder pedir esa opción.

Por otro lado, en Líbano, los expertos militares de la FINUL y del Ejército libanés empezaron ayer a rastrear la zona, a analizar los restos de la furgoneta Renault Rapide utilizada en el atentado y a recoger muestras con el objetivo de determinar el tipo de explosivo utilizado. Los primeros "análisis meticulosos" no han encontrado restos de sangre en los asientos del automóvil, lo que parece descartar que se tratase de un atentado suicida, según publicó hoy el diario 'The Daily Star'. Además, los investigadores han concluido que en el ataque se utilizaron 70 kilogramos de C4.

Dicho explosivo plástico es hasta cinco veces más potente que el TNT, por lo que la cantidad utilizada en el ataque con coche bomba equivaldría a entre 300 y 500 kilogramos de TNT. Además, los expertos consiguieron localizar la matrícula del automóvil, lo que podría ayudar a localizar a su propietario. En todo caso, recuerda el diario, los análisis anteriores en explosiones similares no permitieron identificar a posibles sospechosos, ya que con frecuencia los automóviles suelen ser robados o suelen ir identificados con matrículas falsas.

 

OTR Press

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