De etarras y policías.

 

De etarras y policías.

Actualizado 23/04/2013 14:00:25 CET

MADRID, 23 Abr. (OTR/PRESS) -

El llamado caso Faisán es un ejemplo vivo de que en la lucha antiterrorista siempre se ha escrito recto con renglones torcidos. Véase, por ejemplo, esa valiosa herramienta policial que consiste en infiltrarse en las filas de los malos para conseguir objetivos de mayor cuantía. Honor y respeto a tantos jóvenes valerosos de la Policía y de la Guardia Civil. Aunque en muchos casos habrán tenido que actuar como terroristas (con límites, por supuesto), a nadie se le ocurriría acusarles de colaboración con banda armada si eventualmente hubieran sido detenidos.

Sin embargo, algo así es lo que ha venido a ocurrir en el caso del exjefe de Policía de Bilbao, Enrique Pamiés, y el exinspector de la Brigada de Información, José María Ballesteros. Los dos están procesados por el supuesto chivatazo policial a un presunto miembro de la red de extorsión de ETA. El fiscal del caso, Carlos Bautista, les acusaba de revelación de secretos, que se castiga con penas de hasta dos años de cárcel. Pero a su jefe, el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, le parece poco. Así que le ha ordenado que suba el listón acusatorio hasta los cinco años de cárcel por "colaboración con banda armada".

Conviene hacer memoria del supuesto chivatazo en mayo de 2006, cuando la banda negociaba entre bambalinas con el Gobierno de Zapatero. Los protagonistas del episodio fueron, por un lado, el dueño del bar, Joseba Elosúa, presunto miembro del aparato de extorsión de ETA, y por otro, dos policías con un impresionante historial en la lucha antiterrorista. Pues bien, van a ser juzgados antes los buenos que los malos. Curioso: sin que todavía haya verdad judicial sobre la pertenencia a ETA del tal Elosúa, los dos policías pasarán inmediatamente por el banquillo por colaboración con ETA.

Lo curioso es que la Fiscalía de la Audiencia Nacional, donde se está sustanciando el caso, no comparte en absoluto la acusación de colaboración con banda armada y, para sostenerla, le ha tenido que pedir la orden por escrito al Fiscal General del Estado, que, como todo el mundo sabe, debe su nombramiento al Gobierno de turno. No hay precedentes de un fiscal que le pida la orden por escrito al superior y además lo haga público para dejar claro que la decisión la toma éste personalmente. Puede hacerlo porque la Fiscalía funciona en régimen de dependencia jerárquica, como el Ejército, pero el asunto desprende un tufo político que tira de espaldas.

Como es sabido, el llamado caso Faisán es un episodio utilizado por el PP en la oposición como recurrente pedrada política contra el PSOE de Zapatero en el poder. Ahora se utiliza como cortina de humo para seguir ocultando las novedades del caso Bárcenas. Pero me cuesta creer que a Torres Dulce le inspire el presidente Rajoy, y mucho menos el ministro del Interior, Fernández Díaz, que es el primero en reconocer los méritos y los sacrificios de las Fuerzas de Seguridad en la larga lucha antiterrorista. Más bien me inclino a pensar que el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, "jefe" del fiscal general, quiere hacer méritos en la estrategia de ocultamiento del caso Bárcenas que viene desarrollando el PP.

OTR Press

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