Moratoria antidesahucios hasta 2020

 
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Moratoria antidesahucios hasta 2020

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Publicado 19/03/2017 8:00:09CET

MADRID, (OTR/PRESS)

El gobierno decidió el viernes aprobar en consejo de ministros un Real Decreto ley que prorroga hasta 2020 la moratoria antidesahucios que inició en 2013 y de la que ya se han beneficiado 80.000 familias. En esta ocasión, se han ampliado los supuestos en que una persona puede dejar de pagar la hipoteca sin que se ponga en marcha el proceso que puede acabar en el lanzamiento y pérdida de la vivienda. Cierto que el desempleo durante los años más duros de la crisis, y que llegó a afectar a 6 millones de personas, ha hecho estragos y cientos de miles de familias no pudieron, y muchos aún no pueden, hacer frente bien al pago de la hipoteca bien al pago del alquiler de su vivienda. Y cierto que se han dado muchos casos especialmente trágicos. Familias enteras en paro, mujeres solas con hijos, padres que habían avalado a sus hijos con la vivienda familiar como garantía y que la han perdido. Había que dar una respuesta y las Administraciones Públicas que se nutren de nuestros impuestos estaban y están obligadas a hacer frente a situaciones sociales difíciles como las descritas.

Sin embargo, son muchos los economistas y juristas que piensan y yo estoy bastante de acuerdo en que no se ha hecho bien. La cuestión no es que si alguien por razones de desempleo no puede hacer frente al pago de la hipoteca, sea el banco el que cargue con las consecuencias. La seguridad jurídica en un país es muy importante para el comercio y las relaciones internacionales con los potenciales inversores. La forma de abordar este problema no es que la entidad financiera se vea penalizada por el incumplimiento de un contrato con un cliente. Más bien es obligación del Estado, Comunidades Autónomas o Ayuntamientos, a cuyos políticos les pagamos el sueldo y los gastos con nuestros impuestos, arbitren fórmulas que eviten que estas personas se queden en la calle. En Madrid, por ejemplo, el ayuntamiento farda de gastar dinero en edificios y referéndums prescindibles mientras no atiende a la real emergencia social y que es la de que muchos madrileños aún no pueden hacer frente al pago de su hipoteca o alquiler. Millones de euros que podrían servir para pagar, mientras duren las dificultades de las familias, un alquiler social, el sostenimiento de miles de viviendas precisamente para cubrir estas auténticas necesidades sociales. No deberíamos equivocarnos en la respuesta a las personas con dificultades, no vaya a ser que por errar creemos otro problema que paralice las soluciones a esas dificultades sociales.

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