Negro sobre blanco.

Actualizado 04/03/2011 13:00:24 CET

MADRID, 4 Mar. (OTR/PRESS) -

Esto es lo que ha hecho la Abogacía del Estado en su informe sobre "Sortu", la nueva marca con la que ETA pretende presentarse en las elecciones municipales del próximo 22 de mayo. El informe forma parte de la demanda que la citada Abogacía ha presentado ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo para que este Tribunal declare que "Sortu" no puede constituirse como partido político, "por ser tal constitución fraudulenta al perseguir la continuación o sucesión de las actividades de la formación política ilegalizada y disuelta Batasuna".

No hace falta ser un experto en estas cuestiones para saber que Sortu es una continuación de Batasuna y esta, por sentencia del Tribunal Supremo, es lo mismo que ETA. En este sentido, el informe de la Abogacía del Estado es contundente: "El intento de constitución de un nuevo partido forma parte de una estrategia política sincronizada de la que ETA es motor y parte actora principal". Pero si alguien siguiera teniendo alguna duda al respecto, el clamoroso silencio de los promotores de "Sortu" tras la detención esta semana en Vizcaya de cuatro miembros de ETA que guardaban en su casa 200 kilos de explosivos, o la no condena de los actos de "kale borroka" (violencia callejera) cometidos en Vitoria, pone también en evidencia, que el supuesto rechazo de la nueva marca respecto a la actividad criminal de ETA recogida en sus estatutos es "cosmético, retórico e instrumental, no real" como dice textualmente el informe de la Abogacía del Estado.

Con este informe en la mano, se compadecen mal algunas reacciones producidas en las horas siguientes a la presentación en sociedad de "Sortu" de dirigentes del Gobierno y del PSOE, empezando por el propio presidente Zapatero y siguiendo por el secretario de Organización de los socialistas, Marcelino Iglesias, o del lehendakari López, en las que se dejaba entrever lo que de positivo tenía ese supuesto desmarque de la violencia por parte de los promotores de la nueva-vieja marca de ETA. Esas reacciones, unidas al recuerdo de la negociación política que Zapatero llevó a cabo con ETA en la pasada legislatura, es lo que hace que en muchos ciudadanos anide una importante dosis de desconfianza respecto a las intenciones últimas de este Gobierno respecto al proceso que lleve al final de la banda terrorista.

El objetivo del Estado de Derecho y el de los que siempre hemos creído y defendido que el único camino para acabar con ETA es el de lograr su derrota total y absoluta, debe ser impedir que la banda terrorista pueda estar en las elecciones de mayo. Para ellos es vital esa presencia, porque necesitan dinero y poder. Para el Estado y las personas de bien lo vital es todo lo contrario: que ETA no esté en las instituciones mientras no se disuelva y entregue las armas. Y después que hagan cola en la ventanilla de la democracia.

 

OTR Press

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