La pregunta del millón

Publicado 16/09/2017 8:00:28CET

MADRID, 16 Sep. (OTR/PRESS) -

No van a dar marcha atrás. El gobierno separatista catalán está dispuesto a seguir incumpliendo la ley desacatando el mandato de los tribunales. Ya sea el Tribunal Constitucional o la Fiscalía del Tribunal Superior de Cataluña. Se han declarado en rebeldía y alardean de sus actos de desobediencia como se pudo escuchar en el mitin celebrado a favor del referéndum en el Tarraco Arena. Un referéndum que, como se sabe, ha sido declarado ilegal por el TC.

El Gobierno que preside Mariano Rajoy tiene empeñada su palabra -por lo demás es su obligación- en cumplir y hacer cumplir la ley. En ese registro muchos ciudadanos españoles se preguntan qué medidas va a tomar para impedir actos -como el mencionado mitin- que, sobre el papel, al estar concebidos para animar a la participación de un acto ilegal -el referéndum-, no debería haberse celebrado.

Y, ¿qué medida o providencia adoptó la Fiscalía para hacer cumplir sus propias disposiciones? Pues, según ha trascendido, su diligencia consistió en notificar a la Diputación de Tarragona que es quien administra la antigua plaza de toros, que el acto era ilegal. Punto.

Aún así, los oradores, el presidente de la "Generalitat", Puigdemont y el vicepresidente, Junqueras, discursearon invitando a los asistentes a ir a votar el próximo 1 de Octubre y al terminar el mitin entre aplausos -y burlas hacia las resoluciones de los tribunales- se volvieron tranquilamente a Barcelona.

Preguntado el señor José Manuel Maza, fiscal general el Estado, por qué la Fiscalía no había intervenido respondió que habían tomado nota de un acto que "tiene diferentes consideraciones jurídicas" que la Fiscalía debe valorar ya que aunque se puede hablar de un derecho de manifestación si se ha pagado con dinero público podría constituir un delito de malversación.

Traducción: la justicia va a su paso. Cumple, pero levantando un pico de la venda que la cubre los ojos y mirando de reojo a la espera de ver qué hacen los políticos. En este caso el Gobierno de España.

El Gobierno que preside Mariano Rajoy al que en un gesto que se presta a interpretar como un acto preñado de cinismo, los señores Puigdemont, Junqueras y la "activista social" y alcaldesa de Barcelona señora Colau -los políticos que promueven el separatismo-, invitan a dialogar para "negociar" un referéndum. Dialogar a quince días vista del 1 de Octubre. A la vista de que los secesionistas "pasan" de las resoluciones que dictan los tribunales ¿qué medidas reales, operativas, piensa adoptar el Gobierno que preside el señor Rajoy?. Es la pregunta del millón. Sólo el ciudadano Rajoy está en el secreto. Pero el tiempo pasa y el calendario avanza y como no haga algo y sea pronto, el día 1 de Octubre el señor Puigdemont, conseguirá celebrar su referéndum.

OTR Press

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