Ese culebrón del Tribunal Constitucional

Actualizado 14/11/2007 1:00:26 CET

MADRID, 14 Nov. (OTR/PRESS) -

Voy a tratar de explicárselo a usted, querido lector, aún sabiendo que la cosa no es fácil, es farragosa por naturaleza y está aún más hermética por voluntad expresa de los interesados. Pero es preocupante y podría tener una influencia importante incluso sobre el resultado de las elecciones de marzo.

Una de las máximas instituciones del Estado corre peligro de derrumbamiento. El Tribunal Constitucional puede o no reequilibrarse, puede o no mostrar un mínimo de independencia, de respeto a la Justicia, o puede seguir con la actual imagen de encanallamiento, donde lo que menos importa es precisamente que brille, por encima de todo, la Justicia. El caso es que, paradoja de paradojas, el alto organismo, tras cuyos veredictos no hay apelación, celebra una sesión plenaria este miércoles para tratar sobre la recusación de cinco magistrados (tres lo fueron por el PP, dos por el Gobierno socialista). Una sesión plenaria en la que, para que haya quórum, intervienen los propios recusados, que decidirán, así, sobre sus respectivos casos. Así que cualquier cosa puede salir de ese bodrio en el seno del organismo encargado nada menos que de velar por la pureza en el acatamiento y cumplimiento de la Constitución.

Todo empezó cuando el Gobierno de Zapatero, temeroso de que el TC pudiese sentenciar en contra de la constitucionalidad del Estatut de Catalunya, hizo aprobar una enmienda a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que evitase que su presidenta, María Emilia Casas, considerada cercana al Ejecutivo, tuviese que cesar forzosamente en diciembre. Se trataba de prorrogar su mandato y mantener así a toda costa una mayoría en el alto Tribunal, que garantizase que no se iban a acelerar los plazos y que no habrá sentencias sobre el Estatut, sobre la Ley de matrimonio homosexual, sobre la Ley de violencia de género, entre otras piezas maestras de esta legislatura recurridas por la oposición, hasta después de las elecciones de marzo.

Naturalmente, tan 'oportuna' enmienda a la Ley Orgánica fue recurrida por el PP ante el mismo Tribunal y, en un arranque de dignidad, la propia María Emilia Casas anunció que se abstendría en la tramitación de este recurso. Fue entonces cuando el Gobierno, viendo nuevamente peligrar la mayoría, decidió recusar a dos magistrados próximos al PP, porque habían escrito una carta a la presidenta tomando partido contra la enmienda antes de que el asunto se debatiese.

El siguiente capítulo del culebrón consistió en que el PP presentó, a su vez, recurso contra tres magistrados, considerados próximos al Gobierno, basándose en una información aparecida, sin firma, en un periódico en el que se aseguraba que los tres habían mantenido un encuentro con otros tres magistrados y con la presidenta en el que se habrían pronunciando, privadamente, a favor de la enmienda que permitiría a Casas seguir en el cargo. Los seis magistrados desmintieron este domingo, en una carta publicada por otro diario, que en el encuentro hubiesen tratado sobre la famosa enmienda. Y ya hay quien acusa al primer periódico de haber participado en un "montaje", publicando una noticia cuestionable y cuestionada, para facilitar al PP la presentación de la recusación contra los tres magistrados 'progresistas'.

Así están las cosas: los magistrados de la más alta instancia de este país divididos en dos fracciones irreconciliables, si nadie lo remedia. Con etiquetas de pro o antigubernamentales. Intuyendo que tienen el destino político de España en sus manos, porque si hay sentencia antes de marzo declarando inconstitucionales varios artículos del Estatut, ¿no redundaría ello acaso en perjuicio de las posibilidades electorales de Zapatero y el PSOE? Y si, por el contrario, no hay sentencia porque se mantiene una mayoría socialista en el TC o este sigue imposibilitado de funcionar, ¿no sería un alivio para el PSOE ante las elecciones, cuando las encuestas le conceden tan poca diferencia sobre los populares?

Ambos, Gobierno y Partido Popular, son, así, sospechosos de manejos para alterar el equilibrio en el TC en uno u otro sentido. Ambos han intentado que su largo brazo salpique la necesaria independencia de la Justicia (¿quién va a decir ahora que los magistrados del TC son inmaculadamente independientes?), ambos han antepuesto sus intereses electorales al buen funcionamiento de las instituciones.

Lo mejor que los diez magistrados reunidos este miércoles podrían hacer sería dimitir en bloque, por vergüenza torera y como protesta ante tanta injerencia. Ya sabemos que no lo harán, claro. A ver qué apaño se les ocurre ahora.

Fernando Jáuregui

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