El maltrecho estado de las autonomías.

 

El maltrecho estado de las autonomías.

Actualizado 16/05/2012 14:00:54 CET

MADRID, 16 May. (OTR/PRESS) -

La cosa jamás se comentó lo suficiente, pero lo cierto es que el debate sobre el estado de las autonomías, que anualmente se celebraba en el Senado, se interrumpió bruscamente, de esto hace ya siete años, cuando alguien con responsabilidades hizo las cuentas y descubrió que las cifras que desgranaban, uno tras otro, los presidentes autonómicos, simplemente no casaban.

Entonces, en lugar de procurar que aquello tuviese sentido, se decidió, a la manera española, suprimir el debate, que no volvió a celebrarse. Lo hizo una Administración socialista, pero los otros no protestaron: no convenía alertar a nadie sobre las incongruencias del Estado autonómico, aunque aquellas incongruencias eran patentes desde hacía mucho tiempo. A mí mismo, el entonces ministro de Administraciones Públicas Joaquín Almunia, me confesó en cierta ocasión que -ya entonces- el Gobierno central no conocía bien las cuentas de las comunidades autónomas.

Aquellos polvos trajeron, claro, estos lodos. Los apresurados recortes que en las últimas horas anunciaban algunos presidentes autonómicos, como el catalán y el andaluz, en un desesperado esfuerzo de hacer frente al objetivo de déficit que va a exigir el Consejo de Política Fiscal y Financiera, muestran cómo la improvisación sigue siendo la tónica en la gobernación periférica del país. Y la precipitación con la que desde el Gobierno central se urgen más y más pruebas de austeridad a los que hasta ahora eran auténticos virreinatos señala también claramente que el parche sigue siendo la tónica de los ejecutivos instalados en las dependencias oficiales de Madrid.

Resulta cada vez más evidente que se precisan reformas de fondo, de enorme calado, y no meras tiritas -más cada día, eso sí- para contener la gran hemorragia. Estoy deseando escuchar a algunos de nuestros responsables políticos, del Gobierno y de la oposición, que la Constitución no se está cumpliendo, entre otros apartados, en su Título VIII. Y ello por la simple razón de que este Título, dedicado a regular el Estado autonómico, es incumplible; cualquiera que lo lea incluso sin demasiada atención se dará cuenta de que está redactado para salir de un Estado centralista y pasar a uno autonómico, pero no para seguir dictaminando, treinta y cuatro años y muchos acontecimientos después, cómo ha de ser la evolución de esas autonomías, que, por culpa básicamente del rechazo de las nacionalidades 'históricas', jamás han llegado a convertirse en un Estado federal.

Modelo único en el mundo el español, que se ha caracterizado por la descoordinación, los abusos económicos y políticos, las corruptelas -aunque aquí no conviene generalizar-, la dispersión legislativa y el faraonismo. Lejos de mí pensar que la descentralización instaurada en la Constitución de 1978 no ha aportado algunas ventajas a la puesta en marcha de la democracia; pero ahora cabe afirmar que, o se procede a realizar cambios que devuelvan competencias al Estado central y autoridad al Gobierno de la nación como máximo coordinador de lo que hoy es, simplemente, caos, o ese Estado autonómico morirá desangrado.

Desde ese punto de vista, acaso no sería descabellado pensar en que, como ejemplo, alguna autonomía pudiese ser intervenida ya mismo. Y, por supuesto, es el Ejecutivo central el que, 'in extremis', ha de acabar con escándalos como el que supone la imposibilidad de formar un equipo de Gobierno en Asturias, fruto del disparatado paso dado por Álvarez Cascos repitiendo las elecciones. A la ineptitud económica se suma, en este caso, el disparate político.

No puede olvidarse que, hace cinco años, el Partido Popular presentó, con gran aparato propagandístico, un plan para reformar el Título VIII de la Constitución, plan que posteriormente el PP ha abandonado y del que nadie quiere acordarse. Y, sin embargo, aquel proyecto, redactado creo que personalmente por Soraya Sáenz de Santamaría, debería ahora retomarse para conseguir un efecto centrípeto. Creo que un plan de estas características, consensuado con todas las comunidades y también con la oposición 'nacional', sería un elemento muy convincente para calmar la sed de recortes interminables que parece sentir la UE. Y devolvería cierta confianza y racionalidad al Estado de las autonomías, por mucho que pudiese molestar a los más radicalmente nacionalistas.

Así, tal vez, en un futuro próximo, incluso pudiera volver a celebrarse el debate anual en esa Cámara Alta cuya reforma es, desde luego, también imprescindible.

Termino con una pregunta: ¿puede, con este panorama, resultar un mero trámite, una faena de aliño, esa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado para este jueves? ¿O de una vez por toda agarraremos al toro por los cuernos?

OTR Press

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