MADRID, (OTR/PRESS)
Si se hiciese una encuesta al respecto, estoy seguro de que más del ochenta por ciento de españoles desconocería quién es esa persona por la que se pregunta. Y menos aún sabrían identificar su rostro. Es más: incluso en las redes sociales, en los titulares de algunos periódicos, se ha errado a la hora de reproducir su apellido: al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena se le ha llamado muchas veces 'Llanera' o 'Llaneras'. Su talante es perfectamente contrario, dicen, al de un 'juez estrella'. Y, sin embargo, en esta semana que comienza, Pablo Llarena va a ser seguramente protagonista indiscutible. Ante él habrán de declarar algunos de los principales responsables del 'procés' separatista catalán, desde las 'dos martas', Rovira y Pascal, este lunes, hasta, el miércoles, la dirigente de la CUP Anna Gabriel, hoy parece que ilocalizable en Ginebra. De lo que Llarena decida, de manera omnímoda -dicen los independentistas-, esta semana, dependerá mucho de lo que vaya a ocurrir con el cada día más envenenado 'procés' `político catalán y, por ende, español.
Cada día se levantan más voces, en una España que no quiere ser políticamente tan, tan correcta, que se extrañan del mantenimiento de la prisión preventiva de Junqueras, Forn, los Jordis... Los propios obispos catalanes han pedido 'moderación' en el uso del combate a la evidente ilegalidad que los independentistas pusieron en marcha ya en noviembre de 2014. La verdad es que la actuación del Supremo, en unión con el Constitucional y otros jueces radicados en Barcelona, a la que hay que sumar la aplicación -discrecional, porque así es el enunciado legal- del artículo 155 de la Constitución, está provocando serias brechas en lo que hasta ahora era la muralla pétrea del independentismo. Las divergencias entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya son ya innegables, y la obstinación del fugado Puigdemont en mantenerse como único candidato a la presidencia de la Generalitat es cada día peor comprendida por bastantes de los que hasta ayer eran sus incondicionales.
Pero también es verdad que el mantenimiento de la prisión, las 'llamadas ante el tribunal' de todos los considerados como el 'comité estratégico' del referéndum' del pasado 1 de octubre -incluyendo a Artur Mas, de nuevo- y, próximamente, de los principales mandos de los Mossos, sumidos, dicen, en un auténtico caos interno, además de la promesa de que, en cuanto pongan pie en territorio español, Puigdemont y los con él huídos entrarán en la cárcel, está emponzoñando, señalábamos, la vida política de Cataluña. Que, ya digo, es una parte sustancial de la vida política española. No me extraña que, como me dicen, el Gobierno de Mariano Rajoy esté preocupado ante la prolongación de las prisiones provisionales y de la espada judicial de Damocles que pende sobre otras dos decenas de personas. Incluyendo, claro, a Anna Gabriel, esa figura antisistema que probablemente, se especula, no tiene la menor intención de regresar de Suiza para ser interrogada, y quien sabe si encarcelada, por Llarena.
Del magistrado, al que no conozco personalmente, me dicen que es hombre de gran fortaleza de carácter, amante de la ley por encima de todas las cosas, técnicamente respetado por sus colegas y para nada dado a coqueteos políticos. Un peligro, vamos, para un Gobierno que, como el de Rajoy, acumula demandas ante el Tribunal de Estrasburgo -y, de paso, pierde bastantes de tales demandas- y que, me parece que algo injustamente, sigue perdiendo también la batalla mediática en el extranjero, donde algunos periódicos se empeñan en afirmar que los derechos humanos han retrocedido en España en los últimos tiempos. Algo que, sinceramente, creo que no es cierto, pero que podría llegar a serlo si las cosas siguen discurriendo como en estos momentos.
Eso sí, siempre me manifesté en contra de 'judicializar' excesivamente la vida política. Rajoy prefirió la vía togada, lanzar al 'comando Aranzadi* a resolver cuestiones que exigían una primacía de diálogo, flexibilidad y generosidad por parte del resto de los españoles, que cierran crecientemente filas al mirar hacia Cataluña. Sin duda, el rigor de Llarena encuentra ecos favorables en una mayoría de los ciudadanos, pero está provocando sentimientos encontrados, fuertes, y exacerbando el victimismo, entre muchos catalanes. Peligrosa situación, que se agrava por el 'impasse' político, que desde Cataluña se extiende, quiérase o no, al Gobierno central y al resto de las fuerzas partidarias nacionales. Pocas veces tanto dependió de un solo hombre. Y ese hombre, ahora, no es Mariano Rajoy, que, me parece que como el resto de todos nosotros, aguarda impaciente, aprensivo, lo que esta semana vaya a ocurrir -o no...- en una Sala del Supremo.
