MADRID, 26 Abr. (OTR/PRESS) -
Son muchas las críticas a nuestros parlamentarios, y la mayoría con toda razón porque tenemos Parlamentos inútiles -véase el caso catalán- o cuyo trabajo no parece estar en consonancia con lo que quieren los ciudadanos -digamos el Senado- o lugares donde la gresca política impide acuerdos incluso en asuntos en los que la mayoría está de acuerdo -piensen en el congreso de los Diputados- o donde se legisla sobre cualquier tema sin ninguna razón que lo justifique -más de un Parlamento autonómico-. Por eso, cuando alguna de estas instituciones funciona al servicio de los ciudadanos, con rapidez y sentido común, hay que felicitar efusivamente a sus miembros, a ver si se animan a seguir en esa línea y cunde el ejemplo.
El Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición de ley del PDCat que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para poder expulsar a los "okupas" en el plazo de 20 días, incluso con carácter cautelar, en lugar de los dos años que, más o menos, se tarda ahora, si se consigue echar de "tu" casa a quienes la han "okupado". Un problema que afecta en toda España a no menos de 80.000 viviendas, 80.000 familias, y en ciudades como Madrid o Barcelona más de 4.000. Y al PDCat le han apoyado con sus votos, no se sorprendan, el PP, Ciudadanos y el PNV. (Ya hablaremos luego de quienes se han mostrado en contra). Falta el trámite del Senado, pero todo parece indicar que en breve esta reforma será ley y si usted se marcha de vacaciones y tiene la desgracia de que le entren unos "okupas" en su casa, los jueces pueden hacer que en 20 días usted pueda recuperarla. Habrán violado su intimidad y tal vez le hayan destrozado la casa, pero recuperará la propiedad y, seguramente, también la confianza en la justicia. Esta reforma legal es imprescindible, porque hasta ahora ni el legislador se había molestado en adaptar la legislación existente a la realidad social ni los tribunales interpretan la legislación conforme a esa realidad social ni la lentitud de la Justicia hacía posible revertir una injusticia manifiesta.
Hay mafias organizadas que "okupan" casas, cambian las cerraduras y "alquilan" los pisos de otros a precio más o menos módicos. También hay "okupas" de playa, de lujo, de primera residencia, tolerados, defendidos y protegidos, además, por algunos ayuntamientos y hasta ensalzados por alcaldes o alcaldesas, como las regidoras de Madrid y de Barcelona, entre otras y otros. No es de extrañar que Unidos Podemos, En Comú-Podem, En Marea, ERC y Compromis hayan votado en contra. Algo más difícil de entender es que lo haya hecho el PSOE, aunque hace ya algunos años, la, entonces, ¡ministra de la Vivienda!, María Antonia Trujillo, afirmó que los okupas "representan una manera alternativa de vivir, muy extendida en algunos lugares del mundo". Cada partido es responsable de sus acciones. Algunos prefieren estar con los que "okupan" y echan a los legítimos propietarios, con la excusa de que hay que garantizar alternativas ocupacionales a personas en situación de vulnerabilidad. ¿Y eso impide defender a los que han hecho esfuerzos inmensos por tener una casa? Ahora solo falta la aprobación del Senado para acabar con este problema. Esperemos que no lo estropeen.
