El caso Ripoll avanza y se aclara

 

El caso Ripoll avanza y se aclara

Actualizado 10/07/2010 14:01:08 CET

MADRID, 10 Jul. (OTR/PRESS) -

La confusión inicial que acompañó a la detención del presidente de la Diputación d e Alicante y líder provincial del PP, José Joaquín Ripoll, y a varios empresarios, ha ido aclarándose, y se han rebajado las críticas iniciales del PP contra la actuación de la policía, al fiscalía y el ministro Rubalcaba. El juez imputó este jueves al presidente de la Diputación de Alicante por su presunta implicación en una trama de corrupción político-empresarial vinculada a una contrata de basuras en la Vega Baja (al sur de esa provincia valenciana). El magistrado acusa al dirigente popular de los supuestos delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios, según fuentes de la investigación.

Sin embargo, ni el juez ni el tribunal ni los abogados de Ripoll confirmaron oficialmente dichas imputaciones. El magistrado rechazó la petición del fiscal anticorrupción, Felipe Briones, de prisión eludible con fianza de 500.000 euros. Tras comparecer ante el tribunal, Ripoll ofreció una rueda de prensa en la sede la Diputación de Alicante, en la que aseguró que había declarado por iniciativa propia. "El juez me advirtió de que no estaba citado judicialmente y que podía negarme a declarar, pero opté por hacerlo y colaborar", dijo. "Pero desconozco qué hechos han motivado mi imputación", señaló. "El juez ha dicho que no podía revelarlo porque las diligencias son secretas", explicó. Luego, según dijo, respondió durante 20 minutos a preguntas generales del magistrado y del fiscal. "Cuando se levante el secreto, emprenderé las medidas legales que estime oportunas", concluyó.

Mientras, el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, comparecía también ante la prensa -a las puertas de la institución, porque fue desalojado del edificio por orden de la presidencia- para exigir la dimisión de Ripoll.

El magistrado Carlos San Martín, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, que dirige el conocido como caso Brugal, interrogó a otros cinco de los 11 arrestadas el martes por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF). El primero en comparecer fue Rafael Gregory, empresario propietario de un concesionario de vehículos pesados en Alicante. Tras interrogarle, el juez -a propuesta del fiscal- lo dejó en libertad provisional bajo fianza de 100.000 euros. El magistrado, según el abogado del imputado, le acusa de los delitos de fraude, tráfico de influencias y cohecho. Gregory, amigo de Ripoll y ex presidente de la Fundación del Hércules Club de Fútbol, fue detenido hace unas semanas por una presunta estafa. La investigación del caso considera clave a este empresario en una de las tres ramas del caso Brugal, la vinculada al desvío de capitales a paraísos fiscales. Luego tomó declaración a José Francisco León, empresario y amigo del promotor Enrique Ortiz, imputado por los delitos comunes de la causa, sin imponer medidas cautelares.

El juez imputó a Ortiz por fraude y cohecho, pero rechazó la petición del fiscal de cárcel eludible con 800.000 euros. El magistrado interrogará hoy a los otros cinco arrestados: tres ediles del PP de Orihuela y el industrial Ángel Fenoll y su hijo. El director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, ha defendido que la actuación judicial en el marco de la 'operación Brugal', está "dentro de la legalidad"."En todas estas cuestiones es necesario aplicar el sentido común y las leyes", dijo Velázquez a los periodistas. "La Policía realiza investigaciones, tras las investigaciones descubre presuntos delincuentes, se efectúan declaraciones en sede policial y se ponen a disposición del juez", ha agregado Velázquez, quien ha precisado que en los casos en los que haya que efectuar registros se hace "siempre con autorización judicial". Y eso, ha dicho, "es exactamente lo que ha hecho la policía, en consecuencia -la actuación policial- está dentro de la legalidad y por lo tanto es lo que corresponde a la Policía realizar". El director general de la Policía y la Guardia Civil ha incidido en que la policía "siempre actúa en el marco de la legalidad establecida en el estado de Derecho de España".

Por su pare, en Madrid, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, afirmaba que todas las actuaciones practicadas en el 'caso Brugal' han contado con las autorizaciones judiciales pertinentes. En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso antes de comparecer ante la Comisión Mixta, ha insistido en que "estamos ante un proceso judicializado", en el que se mantiene el secreto, pero que se inició mucho antes. Caamaño ha subrayado que existe un auto de entrada y registro, que todas las actuaciones han contado con las autorizaciones judiciales correspondientes para llevarlas a cabo y que la Fiscalía ha actuado dentro de lo que determina la ley en todas sus decisiones. El ministro ha criticado también que el PP normalmente alabe las actuaciones de la Policía, los jueces y los fiscales en casos de corrupción, salvo cuando "afectan curiosamente al Partido Popular", ante lo que ha recordado que la ley "se aplica igual" para todos. "A toda clase de delincuentes y también al PP", ha dicho. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, instructor del 'caso Brugal', afirmó el jueves en un comunicado que no tenía ninguna comunicación policial sobre el número de detenidos, su puesta en libertad ni fecha de comparecencia judicial. Pese a todas las aclaraciones, Rajoy -para no dejar en ridículo a algunos de sus colaboradores- ha mantenido su propósito de preguntar a Rubalcaba por el caso, y sostiene que "en mis tiempos de ministro de Interior, esas cosas no sucedían"...

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