Gürtel, en dos frentes.

Actualizado 17/07/2010 14:00:32 CET

MADRID, 17 Jul. (OTR/PRESS) -

Los tribunales de Valencia y de Madrid siguen proporcionando informaciones sobre la trama Gürtel, que ha afectado a numerosos cargos del PP sobre todo en las referidas comunidades de Valencia y de Madrid. En Valencia, la Abogada General de la Generalitat Valenciana, Isabel Villalonga, envió el pasado 25 de junio un informe al juez instructor del 'caso Gürtel' en Madrid, Antonio Pedreira. El magistrado había pedido una lista de los cargos públicos que, siendo miembros del Gobierno de Francisco Camps, o de empresas públicas de la Generalitat, serían responsables de la adjudicación de contratos por valor de 7,2 millones de euros a empresas de la trama corrupta. El listado lo componen 226 personas que han sido cargos públicos con Camps, pero excluye al presidente de la Generalitat dado que, según sostiene el Gobierno valenciano, éste no tenía capacidad para contratar. Esta tesis exculpatoria de la responsabilidad de Camps se sostiene en un informe jurídico que la propia Generalitat solicitó al Consell Jurídic Consultiu -el Consejo de Estado regional-. Ese informe, fechado apenas nueve días antes del informe de la Abogacía de la Generalitat, sostiene que el presidente no tiene capacidad para adjudicar contratos a ninguna empresa. Esta estrategia, diseñada por el entorno más estrecho del presidente, ha levantado en armas a miembros de su actual Gobierno y a ex altos cargos que se consideran utilizados políticamente cuando, en muchos casos, ni siquiera conocieron al famoso Álvaro Pérez, 'El Bigotes'.

Por su parte, el instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, aprovechaba el auto en el que rechaza el recurso del PP contra la remisión al Tribunal Superior de Valencia de los nuevos indicios hallados contra el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y otros aforados de dicho partido, para lanzar una advertencia: "La hipótesis de la ruptura de la causa sí resulta sumamente probable si se permite que el proceso penal se convierta en una batalla campal, llena de informes y contrainformes y en la que se trata de desprestigiar unos informes en beneficio de otros". El magistrado no dirige la acusación contra nadie, pero el PP, que al menos nominalmente ejerce la acusación en el procedimiento, utilizó como argumento para oponerse a la inhibición que la unidad de la causa se rompería, lo que dificultaría la investigación. El partido olvidaba que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no puede investigar a los aforados de la Comunitat Valenciana, porque la ley prevé que sólo pueda hacerlo el Tribunal Superior de la Comunidad a la que pertenecen o el propio Tribunal Supremo. Por eso, el juez Pedreira se inhibió el pasado 25 de mayo, con el beneplácito de la Fiscalía Anticorrupción, al apreciar conexidad delictiva, pero primar la regla del aforamiento. Y el PP, pese a ser acusación, recurrió la decisión. Con su advertencia del riesgo de "batalla campal o campo de Agramante", el juez Pedreira se refiere al informe de la Abogacía General de la Generalitat, de más de 700 páginas, que pretende cuestionar los informes de la Unidad de Auxilio Judicial, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal y la Agencia Tributaria. De todos ellos se desprenden indicios de "delitos contra la administración pública cometidos en la contratación entre Orange Market y la administración pública valenciana". Con esas supuestas irregularidades es posible que se agrave el cohecho que se atribuye a Camps, a los dirigentes del PP valenciano Víctor Campos y Rafael Betoret y al ex secretario general del PP de dicha comunidad Ricardo Costa. Es posible si se comprueba que los regalos que recibieron de la trama corrupta presuntamente liderada por Francisco Correa sí obedecieron a que sus empresas se vieron beneficiadas con contratos con del Partido Popular o de la Generalitat valenciana. Por si fuera necesario aclararlo, el juez Pedreira señala que con su decisión no pretende establecer una controversia de fondo con el magistrado instructor del TSJCV, José Flors, porque ambos están sometidos al imperio de la ley y son competentes para aplicar el derecho en sus respectivas comunidades.

No obstante, no sería la primera vez que el tribunal valenciano, presidido por Juan Luis de la Rúa, del que Camps dijo que era "más que amigo", no acepta la documentación remitida por Pedreira. El año pasado se la devolvió, porque no precedía de la Sala de lo Civil y Penal del TSJM. Ahora el tribunal valenciano ha pospuesto su decisión hasta que la inhibición sea firme, lo que no se producirá hasta que la Sala de lo Civil y Penal del TSJ Madrid resuelva el recurso de apelación interpuesto por el partido, tras rechazarse la reforma. Si el tribunal valenciano no aceptara el caso, sería el Tribunal Supremo el que resolviera el conflicto de competencia surgido.

Parece evidente que los tribunales valencianos prefieren no hincar el diente a bocado tan peligroso.

OTR Press

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