Penas para los controladores.

Actualizado 11/12/2010 13:00:25 CET

MADRID, 11 Dic. (OTR/PRESS) -

El pulso de los controladores y el Gobierno se ha trasladado ya desde la opinión pública y desde la política a los tribunales. El Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha manifestado que se van a proponer penas de hasta ocho años de cárcel para los controladores que abandonaron sus puestos de trabajo por un presunto delito de sedición. Conde-Pumpido resaltó que el abandono colectivo de un aeropuerto con la paralización del tráfico aéreo es un delito muy grave penado en la ley de navegación aérea con una sanción de prisión de entre tres y ocho años. "No estamos hablando de un problema laboral, porque no se ha utilizando en ningún momento las vías legales, sino de un abandono premeditado concertado y colectivo de los aeropuertos con un grave daño para ciudadanos y España, por eso las diversas fiscalías han incoado diligencias de investigación", añadió. El fiscal general del Estado ha precisado que hay más de 20 diligencias abiertas y más de 400 personas presuntamente responsables de estos hechos y que, dado que el ministerio fiscal es único para toda España, se ha producido un delito de sedición en cada aeropuerto y eso puede dar lugar a procedimientos distintos, se va a llevar a cabo una labor de coordinación en la reunión para establecer las reglas por las que el ministerio fiscal incoará los procedimientos y los trasladará a los órganos judiciales correspondientes.

También ha afirmado que la ley prevé sanciones para todos los controladores implicados, y no sólo para sus dirigentes "si bien los dirigentes tienen una sanción mayor", subrayó. El fiscal general agregó que "la responsabilidad es de todos los que han participado en el abandono premeditado del aeropuerto con la finalidad deliberada de paralizar el tráfico aéreo. La Fiscalía "simplemente aplicará la Ley". Explicó que existe una norma que sanciona estos comportamientos para defender el tráfico aéreo y la seguridad de los ciudadanos, y se está ante una situación similar a la de que todos los médicos abandonasen repentinamente un hospital dejando tirados a los enfermos. "Es un delito que la ley califica como de sedición y es lo que la Fiscalía va a hacer, ponerlos a disposición de los órganos judiciales competentes tras unas investigaciones preliminares que estamos haciendo en este momento", explicó. El Fiscal General del Estado incidió en que la convocatoria de un estado de alarma es "un hecho constitucional" que "está previsto para situaciones de emergencia en las que se hace necesario acudir a los instrumentos que la Constitución proporciona para resolver un problema que afecta a un gran número de ciudadanos". Y recordó que, en este caso, existen cientos de miles de perjudicados y se trata de la paralización de un servicio público "esencial", además de no haberse cumplido en absoluto los servicios mínimos y causar una "gran calamidad" con situaciones "trágicas" para una multitud de personas, por lo que afirmó que "se cumplen los requisitos de constitucionalidad".

Sobre el hecho de que el estado de alarma se prolongue durante 15 días, Conde Pumpido recordó que es el plazo que establece la Carta Magna. El código penal militar dice que a las personas movilizadas se les aplica la jurisdicción militar, por lo tanto, los hechos que pudieran cometerse a partir de las 13.00 horas del sábado serían enjuiciados por la ley militar". Por último, añadió que la decisión de prorrogar o no el estado de alarma depende de una autorización del Parlamento y es un tema político sobre el que no se puede pronunciar.

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