Los proyectos básicos del proyecto del PP.

Actualizado 29/11/2010 13:00:16 CET

MADRID, 29 Nov. (OTR/PRESS) -

Según un análisis de la situación política que este domingo nos ha brindado el diario ABC, "agenda oculta", "tea party" y "Cameron", son las tres claves que las filas socialistas manejan en su andanada contra el PP. Las citan, según ABC, conscientes del poder de penetración que tiene para los ciudadanos alertarles de los fortísimos ajustes económicos que abordarían los populares de llegar al Gobierno. Añade el trabajo que la estrategia tiene todas las similitudes con la desarrollada a mediados de la década de los 90, cuando la admonición era que el PP quitaría las pensiones, hasta que el mensaje no pudo impedir que José María Aznar ganara las elecciones generales en 1996, eso sí, por escasos 300.000 votos de ventaja sobre su más directo adversario. Luego, se supo que el mismo Gobierno que alertaba a los jubilados del riesgo de quedarse sin su pensión había, dejado las cuentas públicas en una situación tal de emergencia financiera que hubo que pedir préstamos extraordinarios para poder abonar esas mismas pensiones que se habían convertido en munición electoral.

Pues bien, las pensiones no desaparecieron, y el Pacto de Toledo (creado en el año 95, gobernando todavía Felipe González) acordó la revalorización automática de las mismas mediante un acuerdo con Comisiones Obreras y la CEOE, así como la creación de un Fondo de Reserva de la Seguridad Social, destinado a garantizar el pago de prestaciones contributivas en situaciones de crisis del sistema, ambas iniciativas gobernando los populares. Dice en otro momento el reportaje de ABC que el Gobierno y el PSOE manejan otro mensaje que puede tener adeptos entre no pocos indecisos, a lo que ayuda, sin duda, una política popular que no le hace ascos a la gestión privada de los servicios públicos, lo que para muchos esconde una "privatización" encubierta en la que prima el principio de la rentabilidad por encima del bien común, a pesar de que Andalucía, Comunidad gobernada por el PSOE, es, por ejemplo la que más concierta su sanidad con centros privados.

Y seguidamente, expone lo que entiende que son "los ejes de la propuesta popular". Empezando por garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas e impulsar la austeridad presupuestaria, trabajando por la consecución de un acuerdo nacional, político, social y territorial para acometer las reformas que hagan viables los servicios públicos. En segundo lugar, y entre otras materias de la agenda popular, destaca la reforma de las Administraciones, que incluye la desaparición de más de la mitad de las 3.800 empresas públicas que existen en España, muchas de ellas de competencia autonómica. El PP quiere una ley de disciplina presupuestaria que fije el techo de gasto y endeudamiento a todas las administraciones públicas. Para ello proponen un debate para llevar a la Constitución este principio de estabilidad, tal y como ha hecho Alemania, una idea complicada de aplicar, dadas las polémicas que se crean siempre en torno a las reformas constitucionales.

Ese principio de estabilidad debiera definir los ámbitos de competencia de cada administración, para evitar duplicidades y potenciar competencias de los municipios. Es otro capítulo importante de la propuesta popular ya adelantada por Mariano Rajoy. Rajoy también se ha quejado de las distorsiones económicas que crea el sistema autonómico, de modo que un eventual Gobierno popular promovería la creación de un sistema de vigilancia y arbitraje "que simplifique la maraña normativa generada por la proliferación de regulaciones autonómicas y locales". En definitiva, intentaría asegurar la unidad de mercado. Señala el reportaje de ABC en otro momento que no faltan voces en el PP que defienden un adelgazamiento de la Administración, empezando por las corporaciones locales. En España hay más de 8.000 ayuntamientos, muchos de ellos de menos de 500 habitantes, que, en plena crisis, apenas tienen para sostener el organigrama municipal. La vía sería la supresión de alcaldías por el método de las mancomunidades, de modo que puedan compartir servicios públicos e infraestructuras.

En cuanto al capítulo de reforma laboral, los populares dieron a conocer prácticamente todas sus cartas en las 71 enmiendas que presentaron en el trámite parlamentario y que incluían ampliar el contrato de fomento de empleo (33 días de indemnización por año trabajado); flexibilizar la negociación colectiva con cláusulas de descuelgue para las empresas; reconocer la formación como un derecho de los trabajadores y permitir que sean ellos los que la gestionen directamente, o regular de forma clara la extinción de los contratos para evitar la litigiosidad. Además pidieron mejorar al definición del despido de 20 días por año trabajado con el fin de evitar inseguridad jurídica. Tampoco faltaron propuestas sobre trabajo a tiempo parcial o la regulación del teletrabajo.

Propone también el PP garantizar que el crédito vuelva a fluir hacia las familias, las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y autónomos corrigiendo los elevados niveles de déficit público, y evitando que las emisiones masivas de deuda de las Administraciones Públicas imposibiliten la capacidad de financiación del sector privado. También el PP se viene refiriendo a una rebaja de impuestos para fomentar la actividad económica y apoyar a la inversión, y que se traduciría en una rebaja del impuesto de sociedades para pequeñas y medianas empresas y autónomos, e IVA superreducido para sectores como el turismo...

Observa luego el reportaje de ABC cómo el PP, que defiende un mix energético que la incluya, ve cómo la Generalitat valenciana se levanta en armas contra la posible instalación del almacén de residuos nucleares en Zarra. A pesar de las claras discrepancias internas, el PP dice que quiere ordenar el sector con un nuevo mix que defina un uso racional y realista de todas las fuentes de energía, desde las renovables a la nuclear; aumentar la competencia en generación y distribución e incrementar las interconexiones internacionales.

En fin, propone acometer las necesarias reformas estructurales que permitan aumentar la competitividad de la economía y avanzar en la liberación de los sectores económicos básicos, como el sector energético, las telecomunicaciones o el transporte para mejorar la competitividad de nuestro país, abarcando diversos ámbitos como la educación, la justicia, la energía, políticas de I+D+i, la unidad de mercado, la defensa de la competencia y los organismos reguladores. Y limitar los incrementos de precios y tasas reguladas, eliminando prácticas abusivas en la búsqueda de precios más competitivos y mejor calidad de los bienes y servicios.

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