MADRID, 19 May. (OTR/PRESS) -
El informe de la UCO, remitido al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco el 1 de marzo pasado, y que se ha dado a conocer hace apenas 48 horas cuando se ha levantado el secreto del sumario de la Púnica, ha generado una enorme polémica tanto en el ámbito político como en el judicial al atribuirle a la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes supuestas "valoraciones arbitrarias" basadas en presunta "prevaricación y cohecho" durante su etapa como vicepresidenta de la Asamblea de Madrid. Cifuentes compatibilizó ese puesto con el del patronato de la fundación Fundescam.
Reza en los dos informes elaborados por la UCO que la fundación del PP Madrileño habría recibido de Arturo Fernández -el expresidente de la CEIM imputado por aportar fondos a la caja B de los populares-, 160.000 euros que utilizaron para financiar presuntamente la campaña electoral de las autonómicas del 2007. Hasta aquí lo aportado por la Guardia Civil que Cifuentes no ha dudado en calificar de "juicio de valor sin fundamento político alguno".
Una valoración sorprendente teniendo en cuenta el alto grado de credibilidad que tienen los trabajos llevados a cabo por los agentes de la Unidad Central Operativa, cuando estos se han referido a personajes tan conocidos como Ignacio González, Rato, López Viejo, Granados, Bárcenas, y tantos y tantos otros como desfilan a diario por los juzgados madrileños.
No tengo por qué dudar de la inocencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, sin embargo si me llama la atención que cuestione de forma tan airada una investigación que, independientemente de lo que pueda afectarle en un futuro inmediato, tan buenos frutos está dando. Prueba de ello es que el mismo día que Cifuentes defendía su honor a capa y espada ante los medios de comunicación, su viceconsejero de Medio Ambiente tenía que dimitir a toda prisa porque le había imputado el mismo juez instructor de la Púnica que se niega a investigar si de lo que se acusa a la Presidenta es cierto o no.
Que todo este embrollo coincida en tiempo y hora con la noticia de que el juez Eloy Velasco abandona el juzgado número 6 para formar parte de la Sala de Apelaciones de la Audiencia de Madrid, es lo que ha encendido no ya las redes sociales también a los representantes de los partidos de la oposición, lo que hace dudar de si no se estará aplicando cierto trato de favor a Cristina Cifuentes que no se les ha dado a otros compañeros suyos hoy en prisión o a punto de entrar. Somos todos conscientes de que vivimos tiempos convulsos, prueba de ello es que por primera vez una gran mayoría de los diputados del Congreso, han reprobado a todo un ministro de Justicia, pidiendo además la destitución del Fiscal General del Estado Jose Manuel Maza, así como la de Manuel Moix, Fiscal Anticorrupción. Un espectáculo muy poco gratificante que pone en tela de juicio no solo la imparcialidad de la justicia, sino también del Ejecutivo, si, como parece, Rafael Catalá habría maniobrado para poner al frente de la Fiscalía General del Estado y de Anticorrupción a personas de su total confianza, en vez de basarse en el prestigio y la independencia de quienes están ahí para hacer que se cumpla la ley, sin favoritismos ideológicos ni de cualquier otro tipo. No hacerlo es un mal ejemplo, con el que se consigue aumentar la falta de empatía de los ciudadanos con los políticos y la percepción de muchos de ellos de que la ley no es igual para todos.
