Tiene que irse.

Actualizado 14/03/2013 13:00:12 CET

MADRID, 14 Mar. (OTR/PRESS) -

Ser diputado del Congreso no es una canonjía. Se supone que la vocación política, que lleva a un ciudadano a presentarse a las elecciones en las listas de un partido, se debe a su interés por defender los derechos y libertades de los demás.

Desde que se apartó de la primera línea y dejó todos los cargos en su partido, el PSOE, al diputado José Blanco no se le conocen iniciativas legislativas, interpelaciones, enmiendas o cualquier otra actividad parlamentaria digna de mención.

Su renuncia al escaño no sería pues un drama para sus siglas. Es más, tendría una efecto ejemplarizante frente a los dirigentes del PP con acusaciones más graves y que se aferran al cargo como el liquen a los troncos.

Es verdad que la instrucción de la causa en la que está imputado no ha concluido aún. Pero no lo ha hecho, entre otras cosas, por los recursos presentados por su defensa. Alega que, en caso de que el juez decida abrir la vista oral, no pondrá ningún impedimento a su suplicatorio. Ni el, ni el Partido Popular (que no sabe ya que inventar para distraer la atención del caso Bárcenas/PP), ni muchos grupos de la Cámara.

Uno de los recursos, que precisamente están dilatando la instrucción, es su negativa a entregar al juez los datos de las cuentas bancarias suyas y de su mujer. Dado todo lo que se está descubriendo, de ingresos espurios en la bancada de enfrente, si de verdad no tiene nada que ocultar es estúpido relacionar la intimidad de su cónyuge con unos extractos de ingresos y gastos.

En su comparecencia ante la prensa insistió una y otra vez en negar su relación con el empresario Dorribo que le había acusado de recibir dinero a cambio de favores. Blanco sabe que no es esa la razón por la que está imputado. Se le acusa de tráfico de influencias, siendo ministro de Transportes, a favor de su amigo José Antonio Orozco. El fiscal del Supremo dice en su auto que gracias a las gestiones del exministro, conocidas a través de llamadas telefónicas, el vicepresidenta y consejero delegado de Transportes Azkar obtuvo un trato de favor del ayuntamiento de San Boi.

Como ya hemos visto en otros procedimientos judiciales que afectan a políticos en ejercicio, Blanco acude al fácil argumento de denigrar la labor de investigación de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía, la UDEF. Y se ampara en que los pinchazos telefónicos fueron hechos sin autorización judicial. ¡Como suena a conocido todo esto!

Al final queda un manto de sospecha alentado por los escandalosos casos de corrupción que está viviendo este país. Frente a la ejemplaridad de Gran Bretaña, donde un exministro va a la cárcel por mentir en una infracción de tráfico, aquí las causas judiciales se dilatan hasta el olvido. Así nos va.

Hay vida fuera de los mullidos asientos del Congreso. Debería dedicarse a defender su buen nombre en lugar de aferrarse al cargo. Si no lo hace la sospecha se va a convertir en su compañera de viaje.

OTR Press

Fermín Bocos

La foto borrada

por Fermín Bocos

Pedro Calvo Hernando

Barcelona: culpa de todos

por Pedro Calvo Hernando

Fernando Jáuregui

Ella

por Fernando Jáuregui

Julia Navarro

Sin futuro

por Julia Navarro

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado y publicidad acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra política de cookies -
Uso de cookies