Por Gloria Ostos (OTR/PRESS)
Venezuela, un país que pude presumir de grandes riquezas en recursos naturales -entre ellas, su reserva de petróleo y de minerales-, así como de un entorno envidiable para el desarrollo del turismo, recursos que podrían hacer de él un país próspero, sostenible y solidario, tristemente, está viviendo una triple grave crisis política, económica y social.
Los casi 30 millones de venezolanos, entre los que hay más de 200.000 españoles, viven en el desabastecimientopermanente que afecta a toda la población, lo que produce colas interminables, llenas de desesperación por hacerse con los productos más básicos y que hoy,lamentablemente, se traduce en saqueos y disturbios en diferentes lugares por falta de comida y abastecimiento de luz y agua.
Varias compañías aéreas que han suspendido sus vuelos a Caracas y, a modo de ejemplo, compañías globales como Coca-Cola que recientemente anunciaba también la suspensión de su producción en Venezuela por falta de azúcar.
No es de extrañar que, ante estos factores, crezca la inseguridad -criminalidad y saqueos incluidos- en sus calles. Venezuela ocupa el puesto 142 de 162 en el Índice de la Paz Global, un indicador que incluye variables que van desde la violencia y criminalidad en las calles, al gasto militar.
Todo esto desde las perspectivas económica y social, pero ¿qué pasa si se contempla su situación política?
El pasado diciembre la oposición venezolana, aglutinada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ganaba, con 7.726.066 votos, las elecciones legislativas, en el primer gran golpe al chavismo en quince años, que lograba 5.622.844 votos. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro está tensando la cuerda, para que no puedan poner en valor la confianza que les han otorgado las urnas. Persecución, presos políticos, falta de libertades, en una situación nada alentadora.
Por ello, no es de extrañar que, desde la comunidad internacional, se esté presionando al Presidente venezolano para que corrija sus errores. En este punto, España desempeña un papel imprescindible en el mapa internacional. No hay que olvidar el especial lazo entre España y los países de América Latina. En concreto, con Venezuela, y a pesar de que lo separen aproximadamente 7.000 km, seis horas de diferencia en el huso horario y casi dos siglos de historia, el vínculo cercano nunca desapareció: muchos españoles encontraron en Venezuela el lugar donde enraizarse, algunos, exiliados tras la guerra civil en las décadas de los 30 y 40. Por su parte, la migración de venezolanos a España es la segunda más numerosa, después de los que residen en los Estados Unidos, una migración acrecentada desde el inicio de la revolución bolivariana en 1999 y hasta 2008, cuando se endurecieron los controles.
Sin embargo, sí es cierto que, en pleno 2016, los destinos de ambos países han confluido nuevamente de manera abrupta. Así, no es extraño que todos los días haya noticias sobre Venezuela, en España, y viceversa. Pero el contrario de lo que pueda parecer, estas noticias son más propias de la sección Nacional que de la Internacional.
Está fuera de lugar a dudas la legitimidad de cada Gobierno elegido libremente por su pueblo, y la soberanía nacional que es la legitimidad para tratar asuntos internos, sin injerencias. Sin embargo, no hay que olvidar que cada Gobierno está enmarcado en una comunidad global, y ésta no debe permanecer ajena a los abusos de poder y a las extralimitaciones que suponen los ataques contra los Derechos Humanos.
La Declaración Universal, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1948, recoge, en sus 30 artículos, los derechos humanos considerados básicos. Entre ellos, el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas; al no sometimiento a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; a no ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado; al derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Estos Derechos Humanos, que todos los ciudadanos tienen reconocidos, deben prevalecer por encima de la soberanía.
Por ello, la comunidad internacional debe actuar y debe emitir declaraciones contra el abuso de poder y cuando se extralimitan los márgenes de la tolerancia y se atacan estos derechos fundamentales. En este sentido, España está desarrollando una actuación ejemplar, que muestra su implicación con los graves acontecimientos que está padeciendo la población venezolana y que ha podido ver la intervención de distintos colectivos y de líderes de todos los partidos políticos, menos Podemos e Izquierda Unida, y el apoyo de los expresidentes, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, presidente en funciones.
Por su parte, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, planteó invocar la aplicación de la Carta Democrática y la respuesta del presidente Maduro no tardó llamando a la "rebelión nacional" y a la "batalla final contra el imperialismo", y amenazando a la cúpula de la Asamblea Nacional con "un juicio televisado por traición a la patria" y ordenando a su pueblo que tome las calles para luchar contra la "injerencia y la invasión".
Después de esto, se hizo pública ayer una tibia y conciliadora declaración de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que proponían reabrir un diálogo efectivo entre el Gobierno y la oposición, "con el fin de encontrar alternativas para favorecer la estabilidad política, el desarrollo social y la recuperación económica", declaración que el Gobierno de Maduro celebró como una victoria en el reconocimiento y legitimidad al presidente Maduro porque apuesta por el "diálogo" y no por la injerencia en los asuntos venezolanos y ya está allí el ex presidente Zapatero para articular el diálogo.
En definitiva, el diálogo es una buena herramienta para solucionar conflictos, pero la paz social se fundamenta en la justicia y el respeto a los Derechos Fundamentales que es lo que deben defender las organizaciones multilaterales. Y los presidentes, aun legítimamente elegidos, no pueden invocar respeto a su independencia y a su soberanía nacional, si ellos mismos no respetan ni el estado de derecho, ni el derecho internacional.
Gloria Ostos es socia de OstosSola, consultora especializada en la generación de estrategias políticas, sociales y empresariales
