El Ayuntamiento de Pollença (Mallorca) reclamará a las empresas que tiene contratadas como proveedoras de material informático la cantidad que les pagó en concepto de canon digital y ha advertido a estas compañías, de que, en caso de que se nieguen, las demandará por vía judicial.
En una moción presentada por Alternativa Izquierda Unida-Los Verdes y aprobada por unanimidad en el pleno municipal del pasado 28 de enero, el consistorio también solicita al Gobierno la exención del pago del canon y que modifique la ley para que las administraciones queden excluidas de pagar el canon, lo que, a su juicio, supondría un importante ahorro en tiempos de crisis, según informó hoy la Asociación de Internautas (AI).
El equipo de gobierno asegura que puede demostrar que no utiliza los CD, DVD y ordenadores para copiar obras con derechos de propiedad intelectual y pide que se aplique la ley que establece que el Gobierno español está autorizado, mediante real decreto, a establecer excepciones al pago del canon cuando quede suficientemente acreditado que el destino o uso final de los equipos, aparatos o soportes materiales no sea hacer copias privadas de obras con derechos de autor.
El Ayuntamiento añade que la exención del pago del canon digital resultaría, además, un ahorro importante en tiempo de crisis. En 2009, este Ayuntamiento tuvo un gasto de 65.246 euros en material informático, una parte de la cual corresponde al citado canon.
Además, el consistorio señala que no ha podido concretar cuál podría haber sido el ahorro concreto del municipio si no tuviera que pagar canon porque las facturas no especifican qué cantidad pagan de canon, lo que supone que estos pagos se están realizando de manera irregular puesto que la ley especifica como obligatorio que en las facturas debe constar claramente el concepto que se paga por esye motivo.
El consistorio apunta que espera que otros ayuntamientos sigan esta iniciativa y que el Gobierno exima a la administración del pago del mismo, así como que cambie "una ley profundamente injusta". El canon digital supone una carga adicional sobre el precio de todos los aparatos que puedan ser destinados a la reproducción y almacenamiento de documentos, tales como fotocopiadoras, impresoras, equipos de reproducción y de grabación de documentos audiovisuales, discos compactos o DVD, por ejemplo.
Para AI, "el cobro del canon evidentemente es sencillo pero arbitrario, puesto que se castiga a todo el mundo a pagar, utilice o no el material comprado para copiar documentos con derechos de propiedad intelectual". La Asociación de Internautas asegura que hay particulares que ya han conseguido sentencias que han ordenado la devolución del importe del canon tras acreditar que lo comprado no se ha empleado para la reproducción de obras de autores.