El Fiscal General de Pensilvania ha exigido a Twitter que desenmascare a dos de sus usuarios, 'casablancapa' y 'bdbarbie', una medida que ha recibido duras críticas de los grupos defensores de libertades civiles que aseguran que viola la libertad de expresión.
Según recoge 'Portaltic' de la web de 'The New York Times', se trata de una sentencia emitida el seis de mayo contra dos usuarios que criticaron en sus 'tweets' al Fiscal General de Pensilvania Tom Corbett quien, sin embargo, asegura que la citación no se debe a las críticas a su persona, sino a la posible relación con un caso penal.
En cualquier caso, e independientemente de los motivos que hayan propiciado la medida judicial, ésta ha sido atacada con rapidez por los grupos de defensa de las libertades civiles como el 'Public Citizen Litigation Group' una organización de Washington que aludió a que "el discurso anónimo es un derecho estadounidense desde hace mucho tiempo".
Dicho grupo está trabajando junto con la Unión Americana de Libertades Civiles de Pensilvania (ACLU, en sus siglas en inglés) sobre el caso. Es más, el director legal de la ACLU de Pensilvania, Witold Walczak, aseguró en un comunicado que "la búsqueda de cualquier orden judicial para desenmascarar la identidad de los críticos anónimos plantea el espectro de represalia política".
También los usuarios de Twitter se han unido para manifestar su apoyo a 'casablancapa' y 'bfbarbie', mientras el asesor legal de la red de microblogging, Timothy Yip, aseguró que ésta "protege y no divulga la información del usuario, excepto en circunstancias limitadas".
Un portavoz de Tom Corbett, Kevin Harley, por su parte, aseguró que la citación no tiene nada que ver con las críticas vertidas contra Corbett. "Hay muchos otros sitios web y bloggers que se muestran críticos con el Fiscal General, cuando eres el fiscal general y haces lo correcto, a veces a la gente le disgusta".
Es más, Harvey afirmó que la citación se debe a su posible vinculación con un caso penal relacionado con Brett Cott, un ex asesor político declarado culpable en un escándalo político conocido como Bonusgate. Dicha investigación se refiere a las supuestas primas pagadas a los miembros de personal legislativo y a su posible relación con trabajos en política electoral.