Un amplio número de productoras y distribuidoras discográficas independientes españolas han presentado un escrito al Ministerio de Presidencia, así como al resto de Ministerios que componen la Comisión Interministerial creada por el Ejecutivo para buscar soluciones a la piratería en Internet, en el que se imputa responsabilidad a la Administración por los perjuicios que les ocasiona esa piratería, informan en un comunicado.
Asimismo, en este escrito se reclama al Gobierno "la adopción inminente de medidas efectivas que protejan los derechos e intereses de la industria discográfica y los derechos de propiedad intelectual de los agentes que intervienen en el proceso de creación musical dentro de la Red".
Por medio del escrito presentado, pequeñas y medianas empresas que conforman el sector discográfico independiente español ponen de manifiesto la magnitud de los perjuicios que viene sufriendo el sector "como consecuencia de la falta de actuaciones efectivas llevadas a cabo por la Administración para combatir la vulneración masiva de derechos de propiedad intelectual que se realiza en Internet", señalan.
Para la industria discográfica "esta vulneración comporta que los productos que ella saca al mercado y distribuye tras un proceso productivo que requiere importantes inversiones, son adquiridos por los consumidores sin pago de precio alguno". "La falta de actuaciones efectivas y la consecuente proliferación de conductas ilícitas en la Red han traído como consecuencia el cierre de innumerables sellos discográficos independientes y empresas de distribución, que se han visto obligados a arrastrar al paro a un sin fin de trabajadores en los últimos años", indica el comunicado.
UN SECTOR AMENAZADO
Así, este colectivo señala que una amplia representación de la industria discográfica independiente ha visto amenazada su actividad empresarial "desde la irrupción de la descarga masiva y gratuita de archivos por Internet".
Recuerdan que en los últimos 3 años, las pequeñas y medianas empresas firmantes del escrito han reducido su facturación en un 65% de media; como consecuencia de ello, el número de trabajadores ocupados en el sector ha descendido en un 40% desde el año 2004; se estima que el número de establecimientos relacionados con la industria fonográfica que han cerrado en los últimos años ha sido de aproximadamente 800 en España y las perspectivas son que sigan produciéndose nuevas suspensiones de actividad en un futuro próximo.
Por otro lado, se señala que a lo largo del año 2008 se contabilizaron 2.000 millones de ficheros musicales descargados ilícitamente de Internet, frente a 20 millones descargados de forma legal.
Las empresas firmantes de este manifiesto son Blanco y Negro Music, Discmedi, Distribuciones Disclub, Fonogramas Metropol, Ok Records, Pias Records Spain, Popstock, Producciones Blau, Bcore Disc, Columna Música, Gorvijac Music, Kasba Music, K-Industria Cultural, Meta Network, Música Global Discográfica, Open Records y Picap.
MODIFICACIÓN NORMATIVA
Las PYMES que suscriben el escrito exigen que la Administración "adopte medidas que vayan dirigidas a impedir y penalizar la apropiación gratuita de sus productos y las conductas que vulneran los derechos de propiedad intelectual y, en todo caso, que tales medidas garanticen el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva por parte de los titulares de derechos de propiedad intelectual únicamente a los efectos de defender sus legítimos intereses".
Para ello, las discográficas y distribuidoras independientes reclaman la "imperiosa necesidad de modificar el marco normativo existente que se ve afectado por esta cuestión".
La modificación normativa reclamada por este colectivo sigue la línea marcada por los países que más han avanzado en la lucha contra la piratería digital, como es el caso de Francia, Suecia y Reino Unido, así como por la normativa que se ha aprobado en los últimos años por la Unión Europea.
Este sector considera que las medidas contempladas en la Disposición Final Primera del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible "son insuficientes" puesto que a su juicio "no resuelven la imposibilidad actual de ejercer acciones civiles contra aquellos usuarios finales que se apropian gratuitamente de los productos musicales y vulneran sistemáticamente los derechos de propiedad intelectual, a pesar de que la Ley de Propiedad Intelectual atribuye a los titulares de estos derechos la capacidad de actuar contra los infractores".
Por todo ello, las discográficas independientes que suscriben este escrito anuncian que iniciarán un procedimiento contra la Administración "en calidad de responsable patrimonial de los daños que se han generado y se están generando al sector como consecuencia de la piratería digital y la pasividad de las autoridades".