La Asociación de Internautas considera que la aprobación por parte del Parlamento Europeo del llamado paquete Telecom ha "sido un oportunidad perdida" de consolidar "los derechos básicos a favor de un Internet abierto, libre y competitivo".
A su juicio, la decisión puede suponer "un paso atrás" para países como España al "dejar la puerta abierta a la restricción de la conexión a la red sin una decisión judicial previa".
En opinión del colectivo, otra debilidad de la nueva normativa europea es que "no garantiza la neutralidad "de la red al permitir la gestión del tráfico por parte de las empresas que gestionan las infraestructuras, mediante filtros de contenidos y el establecimiento de preferencias lo que puede resultar "vulneración de la privacidad y discriminación en el servicio de Internet".
Igualmente, para el colectivo de internautas también es criticable el hecho de que no se acote la intervención en los flujos de información según "los intereses de las grandes empresas de telecomunicaciones con posiciones dominantes en el mercado".
La Asociación de Internautas considera "ambigua" la normativa en cuanto a la posibilidad de interpretaciones judiciales posteriores. "Esa falta de claridad exigirá un control estricto en todo el proceso de transposición y aplicación del nuevo marco legal europeo", concluyó.
AMPLIA MAYORÍA
El paquete Telecom fue aprobado este martes por una amplia mayoría de 510 votos a favor, 40 en contra y 24 abstenciones la reforma de la regulación del sector de las telecomunicaciones.
La normativa permite que los países de la UE puedan cortar el acceso a Internet sin orden judicial previa a los usuarios que descarguen contenidos protegidos por derechos de autor, tal y como quieren hacer Francia o Reino Unido.
En España, la legislación exige una autorización judicial previa pero el Gobierno estudia cambiar la normativa.
La aprobación de la Eurocámara pone punto y final a dos años de tramitación de la reforma, que fue propuesta por la Comisión en 2007. Los Gobiernos de los 27 ya la ratificaron el pasado lunes.
Las nuevas normas entrarán en vigor el próximo 18 de diciembre, cuando se publiquen en el Diario Oficial de la UE. Los países de la UE tendrán entonces 18 meses para incorporarlas a sus respectivas legislaciones nacionales.