SEVILLA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los consejos andaluz y general de Colegios de Enfermería barajan presentar alegaciones a la suspensión cautelar que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado contra el decreto de la prestación farmacéutica --conocido comúnmente como decreto de prescripción enfermera--.
En declaraciones a Europa Press, el presidente del Consejo Andaluz, Florentino Pérez Raya, avanzó que tanto la institución autonómica como la estatal se reunirán mañana de urgencia para analizar si presentan las citadas alegaciones.
Fuentes de los servicios jurídicos del Consejo General de Enfermería consultadas por Europa Press explicaron que la Junta de Andalucía también puede, en un plazo de cinco días una vez que reciba la notificación del TSJA, elevar un recurso de súplica ante dicho tribunal andaluz. En el caso de que el Alto Tribunal andaluz aceptase, "se levantaría la suspensión cautelar" decretada contra la prescripción andaluza, por lo que "el decreto seguiría funcionando".
De igual modo, las mismas fuentes explicaron que, en el caso de que el Alto Tribunal andaluz rechazase el recurso de Súplica, al Gobierno andaluz le quedaría la posibilidad de elevar un recurso de Casación ante el Supremo, a lo que el propio Consejo General de Médicos podría contestar pidiendo al TSJA que, mientras dirime la cuestión el Supremo, siguiese adelante con la suspensión cautelar del decreto. Ello provocaría a su vez que la Junta elevase un nuevo recurso contra la petición de los médicos, por lo que la cuestión podría dilatarse varios años.
Además, desde el Consejo General de Enfermería, que tras este anuncio se ha puesto en contacto con las autoridades sanitarias andaluzas, detalló que la propia Consejería de Salud de Andalucía "no ha recibido todavía la comunicación oficial del auto" del TSJA.
Aún con todo, tanto Pérez Raya como los servicios jurídicos de la Enfermería española señalaron que dicha suspensión cautelar del decreto "constituye una medida provisional, no entrando a valorar cuestiones de fondo".
Además, insisten en el hecho de que la Junta de Andalucía podrá alegar en su recurso de súplica ante el TSJA la situación de "inseguridad jurídica que ha venido a solucionar el decreto, demostrando fácilmente cómo las enfermeras indican medicamentos en su asistencia sanitaria y en toda España en sus asistencia diaria", opinaron.
CAMPAÑA DE VACUNACIÓN GRIPE A
De igual modo, advirtieron de que en la actualidad la enfermería se encuentra en una "situación especial, como es la campaña de vacunación de la Gripe A y la asistencia a los pacientes con esta enfermedad".
"En ambos casos son las enfermeras quienes están prescribiendo la vacuna a los pacientes sanos y los medicamentos necesarios para tratar la enfermedad a los ciudadanos contagiados", destacaron, al tiempo que subrayaron que, a día de hoy, las enfermeras andaluzas "son las únicas que pueden realizar su asistencia con plenas garantías de seguridad jurídica".
Por el contrario, la suspensión cautelar del decreto "volvería a situar fuera de la legalidad cualquier decisión respecto a fármacos que realicen, incluyendo la administración de vacunas de la Gripe A y la atención de pacientes con gripe A o gripe estacional que se está realizando en toda España".
La Ley del Medicamento prohíbe en la actualidad a las enfermeras tomar cualquier decisión respecto a prescripción de fármacos, una prohibición que, tal y como viene denunciando la Organización Colegial de Enfermería de España, "ha convertido en ilegales una gran parte de las actuaciones clínicas que realizan estos profesionales en hospitales, centros de salud, centros sociosanitarios y servicios de salud laboral de las empresas".
DEBATE PARLAMENTARIO
En la actualidad, el Ministerio de Sanidad y los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado se encuentran tramitando la modificación de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (conocida popularmente como Ley del Medicamento).
Dicha modificación dará legalidad a las "decenas de miles" de intervenciones asistenciales que diariamente realizan las enfermeras en toda España y conllevan algún tipo de prescripción farmacológica.
En este sentido, los enfermeros lamentaron que en el proceso de modificación de la Ley del Medicamento "el único partido político que está poniendo en peligro la posibilidad de dar seguridad jurídica a la asistencia llevada a cabo por las enfermeras es el Partido Popular".
Este partido, "que sí participó en el pacto de consenso entre Ministerio de Sanidad, grupos parlamentarios y agentes sanitarios, ha decidido desmarcarse en el último momento, absteniéndose en el Congreso de los Diputados y anunciando enmiendas al texto en el Senado", lamentaron.
