Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 09/02/2010 14:35
La Junta de Extremadura inició un nuevo proceso contencioso-administrativo para reclamar al Estado la devolución de 33,8 millones de euros en concepto de gastos sanitarios efectuados por el Gobierno regional en los últimos meses de 2001, que derivan del traspaso de competencias en materia de gestión sanitaria.
Así, el Gobierno regional interpuso, con fecha 5 de febrero, un recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo que por turno corresponda, para iniciar de nuevo esta reclamación.
El consejero de Administración Pública y Hacienda, Ángel Franco, realizó este anuncio hoy durante una comparecencia que protagonizó, a petición propia, en la comisión del área de la Asamblea de Extremadura, para informar sobre la situación de la reclamación de estos gastos sanitarios, tras el proceso que se inició en 2004.
Un proceso que la Junta de Extremadura iniciará de nuevo después de que el Tribunal Supremo desestimara, en una sentencia del pasado 8 de julio de 2009, esta reclamación del Gobierno regional. Una sentencia que la Junta de Extremadura "acata", pero "ni comprende ni comparte" los "fundamentos contradictorios" utilizados.
Así, el consejero de Administración Pública y Hacienda aseguró que el Gobierno regional "acata la sentencia, como no puede ser de otra forma", y pero apuntó que tras analizarla con detenimiento, ésta considera que existe "un defecto de forma", pero no se "entra a juzgar el fondo del asunto".
Posteriormente, el pasado 15 de enero de 2010, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) también desestimó esta reclamación de la Junta de Extremadura.
ARGUMENTOS JURÍDICOS SUFICIENTES
Y es que, según asevero Franco, el Gobierno regional considera que "existen a estas alturas, argumentos jurídicos suficientes para insistir y perseverar en que la Comunidad Autónoma de Extremadura reciba una compensación por los gastos que asumió", dijo.
A juicio del consejero de Administración Pública y Hacienda, estos gastos "son imputables al anterior titular de las competencias en materia de asistencia sanitaria", es decir, el Estado, y ese sentido aseveró que el Gobierno regional "en ningún momento" pensó "en desistir en la reclamación" de esta deuda.
Añadió que el Gobierno regional va "a utilizar todos los instrumentos que el ordenamiento jurídico" les permita, para realizar este reclamación a través de un proceso judicial, que "es uno más de los innumerables a los que cada año se enfrenta la Junta de Extremadura como organismo", señaló.
En su intervención, Franco realizó una extensa cronología de este proceso de reclamación de los gastos sanitarios efectuados por la Junta de Extremadura, desde que se inició en enero de 2004 ante el Consejo de Ministros.
"Sabemos que el proceso es complejo y que será lento, pero en ningún caso lo vamos a abandonar", aseveró Franco, quien aseguró que la Junta de Extremadura se basará en "los pronunciamientos que desde el poder judicial se han producido en relación con otras comunidades autónomas", dijo.
CADA VEZ MÁS LEJOS
Tras la intervención del consejero tomó la palabra la diputada del Grupo Parlamentario Popular Cristina Teniente, quien lamentó que la región está "cada vez más lejos" de recuperar "esos 34 millones de euros", y lamentó que el proceso "ha sido lento, complejo, tedioso, gracias a la incompetencia de la propia administración".
Teniente lamentó que "prácticamente todas las comunidades" han recuperado este dinero, excepto Extremadura, debido a que la Junta "no supo" recuperarlo.
Finalmente, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Jorge Amado destacó la "responsabilidad" con la que la Junta de Extremadura ha actuado en este caso, en el que "independientemente del color del Gobierno de Madrid, la demanda ha sido reiterada e insistente".