MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -
Al cumplirse un mes después de que la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC) pidiera a los médicos recurrir a la objeción de conciencia para poder atender a los inmigrantes, han sido ya 1.035 profesionales que se han acogido a este derecho.
Según ha confirmado a Europa Press el secretario general de SEMFYC, Salvador Tranche, esta propuesta ha sido bien acogida entre los Médicos de Familia, por lo que ha calificado de "excelente" que en tan sólo un mes se hayan sumado más de 1.000 facultativos.
"Es poco tiempo pero parece que la respuesta es excelente, teniendo en cuenta que mucha gente está a favor pero que le cuesta un poco manifestar públicamente su objeción", ha comentado.
Y es que, a juicio de la Sociedad, el Real Decreto de Sanidad que establece la retirada de la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles que ya están siendo tratados en Espa�a, supone un "conflicto ético" entre los profesionales en relación a su deber con el Sistema Nacional de Salud (SNS) y su deber con estos pacientes.
Asimismo, y con el objetivo de que este colectivo sea tratado de la mejor manera posible, Tranche ha adelantado que en la próxima semana van a abrir en la página 'web' de SEMFYC una opción para que puedan acogerse a este derecho los profesionales sanitarios de otras especialidades, los trabajadores sociales o los enfermeros.
EL CONSEJO DE ENFERMERÍA AVISA QUE OBJETAR ES "INVIABLE" JURÍDICAMENTE
Sin embargo, el Consejo de Enfermería ha advertido a los enfermeros sobre la "inviabilidad jurídica" de la figura de la objeción de conciencia ante casos de no beneficiarios de la asistencia sanitaria en España.
Además, les ha recordado que, por este motivo, tratar a inmigrantes en situación irregular puede ser considerado como "desobediencia civil o insumisión" con todas las consecuencias jurídicas, judiciales y laborales que esto conlleva.
En este sentido, el Consejo, tras consultar a los servicios jurídicos de la organización, ha señalado que el Ministerio de Sanidad es la única entidad estatal con plena competencia para decidir y determinar qué personas pueden acceder a las prestaciones sanitarias con cargo a los fondos públicos. Por ello, cuenta con la potestad de acudir al Estado de Derecho y así hacer cumplir dichas normas si no se acata la obligación de los sanitarios de seguirlas.