Gobierno y autonomías se reúnen hoy para coordinar actuaciones sobre empresas de bienes tangibles

Actualizado 11/05/2006 10:41:20 CET

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo, Fernando Puig de la Bellacasa, y la directora general de Consumo, Ángeles Heras, se reúnen hoy con los directores generales de Consumo de las comunidades autónomas para compartir información y coordinar posibles acciones en materia de información y protección de los ciudadanos en relación con las empresas de bienes tangibles, tras la presunta estafa de Fórum Filatélico y Afinsa. La reunión se celebrará a las 11,30 horas en la sede del Instituto Nacional del Consumo.

Tras indicar que de acuerdo con la distribución competencial entre las distintas administraciones, "el ámbito de consumo está totalmente transferido a las comunidades", el departamento que dirige Elena Salgado indica que les está ofreciendo toda la colaboración y que va a hacer todos los esfuerzos para coordinar actuaciones.

En cualquier caso, señala que "en este momento continúa abierta la investigación", y estima que "la intervención judicial es la medida más adecuada para proteger los derechos de los ahorradores, puesto que el control sobre los bienes de ambas empresas constituye la mayor garantía para, en su caso, responder a los daños que se hayan podido causar a los afectados".

Con independencia de las reuniones que se celebran hoy, el Instituto Nacional del Consumo está en contacto con los responsables de las comunidades autónomas y con las asociaciones de consumidores para realizar el seguimiento de la situación y para coordinar los pasos a seguir en defensa de los afectados que, en este momento, es el objetivo prioritario. Así, desde el Ministerio se insta a las personas perjudicadas a que recopilen toda la información sobre sus inversiones (contratos, resguardos bancarios, depósitos) para que pueda ser aportada en su momento.

Consumo recuerda que la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de entidades de inversión colectiva, establece de forma clara en su disposición adicional cuarta una serie de condiciones y obligaciones a las empresas que ejerzan esta actividad, entre las que está la obligatoriedad de depositar las auditorías de sus cuentas ante las autoridades autonómicas de Consumo, que son también las competentes de imponer las sanciones que correspondan ante las infracciones administrativas que se cometan.

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