El PSOE enmienda la Ley del Consumo para equiparar el cigarrillo electrónico al tabaco

Actualizado 13/03/2014 13:56:38 CET

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El Grupo Parlamentario Socialista en el Senado presentará a lo largo de este jueves una enmienda al texto de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y usuarios para equiparar el uso y la publicidad del cigarrillo electrónico a la legislación que regula en tabaco.

   Así lo han anunciado este mediodía los senadores socialistas José María Toledo y Encarna Llinares, en una rueda de prensa celebrada en la Cámara Alta para presentar las enmiendas que registrará el Grupo Socialista.

   Según ha explicado Llinares, la nueva regulación del cigarrillo electrónico es "fundamental". "Nuestra enmienda, la que vamos a presentar, creemos que mejora de forma importante lo estipulado en el Proyecto de Ley que ha entrado en el Senado", ha indicado, al tiempo que ha destacado que se trata de una "mejora sustancial" en lo que tiene que ver con la regulación de los "espacios de utilización" pues se va a ampliar la "prohibición al sector de la hostelería".

   Además, la senadora socialista ha añadido que se propone una "regulación más estricta de la publicidad, teniendo en cuenta las limitaciones de la Directiva Europea y las establecidas para la publicidad del tabaco".

   En este sentido, ha explicado que la Directiva Europea establece que "queda prohibida toda forma de contribución pública o privada a cualquier acto, actividad o individuo que tenga por objeto directo o indirecto la promoción del cigarrillo electrónico y sus envases de descarga" y quedan prohibidas "las comunicaciones comerciales audiovisuales regladas por la directiva para los cigarrillos electrónicos y sus envases".

   "Por tanto, lo que ya nos ha entrado en el Proyecto de Ley incumple la Directiva recientemente aprobada. Entendemos que sería totalmente absurdo aprobar en un Proyecto de Ley algo que ya incumple la Directiva", ha argumentado Llinares.

LAS MISMAS RESTRICCIONES

   Asimismo, ha indicado que el PSOE propone "en definitiva, las mismas restricciones al consumo ya existentes para los productos del tabaco, las mismas restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio" y "también equiparar el régimen de infracciones".

   La senadora socialista ha señalado que el PSOE ha creído conveniente presentar esta enmienda tras escuchar las recomendaciones de los consejos generales de las profesiones sanitarias, las sociedades científicas, las asociaciones ciudadanas y de consumidores. "Entendemos que es muy importante el principio de precaución cuando hablamos de efectos nocivos sobre la salud de las personas", ha remachado.

   Llinares ha declarado que los cigarrillos electrónicos contienen nicotina, una sustancia "muy adictiva" que provoca "efectos secundarios" en el corazón, el cerebro y el sistema respiratorio, por lo que ha defendido el "criterio de precaución", pese a que reconoce que no hay estudios sobre los efectos que provoca en los usuarios pasivos.

   En este sentido, ha defendido que la Ley Antitabaco fue una norma "muy ambiciosa", que está dando "muy buenos resultados", por lo que ha pedido no "bajar la guardia" ni "dar un paso atrás" frente a la "vanalización" del uso del cigarrillo electrónico. Además, ha esperado alcanzar un acuerdo con el resto de formaciones políticas y, en especial, con el PP.

LAS VENTAS A DISTANCIA

   Por su parte, José María Toledo se ha referido a las enmiendas que tienen que ver con las ventas a distancia y fuera de establecimiento mercantil y ha explicado que se va a incluir un "libro completo" que regule "aspectos importantísimos" de atención al cliente.

   En esta línea, ha precisado que el PSOE pedirá que estos servicios de atención al cliente sean "absolutamente gratuitos", así como "personalizados". Además, Toledo ha apuntado que se propone la "prohibición de utilización de número de tarifación adicional" y que "en ningún caso" estos servicios "puedan causar ingresos adicionales a las empresas".

   En relación con el plazo de resolución de reclamaciones, los socialistas quieren ser "más incisivos" y reducir el plazo de 30 días a 15, "para que el empresario agilice la resolución de las reclamaciones de los consumidores". Además, prevé establecer una "indemnización por incumplimiento de 50 euros".

   Otra de las enmiendas que presentará el Grupo Socialista, prevé la creación de un proceso extrajudicial "sencillo y gratuito" para resolver los casos de sobrendeudamiento de los consumidores, "basado en las fases de mediación y de arbitraje". También "resultará preceptivo acreditar haber acudido a este podrecimiento por parte de los acreedores para poder iniciar el correspondiente procedimiento judicial" para evitar los "desahucios en masa".

   Sobre el spam telefónico, el PSOE quiere introducir una enmienda que establezca que en caso de que el usuario manifieste "fehacientemente" su rechazo a la comunicación comercial efectuada, "esta no podrá repetirse hasta transcurrido como mínimo un año de la fecha en que se produjo".

   Para terminar, Toledo ha presentado otra enmienda que establece que cuando un grupo los consumidores o usuarios se sientan "perjudicados por un hecho dañoso (...), se legitime a las asociaciones de consumidores, el Ministerio Fiscal, el Instituto Nacional de Consumo o las entidades correspondientes de las comunidades autónomas para que puedan entablar las acciones legales correspondientes" en la defensa de sus intereses.

LA "POCA AMBICIÓN" DEL GOBIERNO

   Finalmente, Llinares ha precisado que el PSOE presenta el veto porque considera y lamenta la "poca ambición del Gobierno para mejorar la protección y la defensa de los consumidores y usurarios". "Es una oportunidad perdida porque el Gobierno ha optado por hacer la necesaria transposición de la Directiva 2011/83 de la Unión Europea que establece un nuevo marco para regular los contratos a distancia y los celebrados fuera de los establecimientos mercantiles", ha afirmado.

   En esta línea, ha criticado que el PP "aprovecha el trámite de un proyecto de ley para incluir, en disposiciones adicionales, normas que nada tienen que ver con la regulación de la que trata la Ley". "Esto, a nuestro entender, lo que hace es perjudicar a todo lo que tiene que ver con la actividad legislativa y parlamentaria", ha subrayado, para poner como ejemplo después que "el proyecto de Ley que entró en el Congreso tenía cuatro disposiciones finales y el que ha entrado en el Senado tiene 16".

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