Cataluña no podrá separar a los alumnos que estudien en castellano

Actualizado 20/05/2013 20:49:53 CET

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) recoge la obligación que tienen las comunidades autónomas de garantizar los derechos lingüísticos de sus estudiantes y concreta que no se considerará una "medida adecuada" para tal fin aquella que consista en separar del resto a los alumnos que prefieran el castellano como lengua vehicular.

"No se considerarán adecuadas las medidas que supongan la atención individualizada en castellano o la separación en grupos por razón de la lengua habitual", recoge el proyecto remitido por el Gobierno al Parlamento, al que ha tenido acceso Europa Press.

Esta previsión aparece en la disposición adicional trigésimo octava, íntegramente dedicada a regular los asuntos relativos a las lenguas cooficiales y lenguas con protección legal en el sistema educativo, la misma en la que se especifica que el Gobierno adelantará el dinero para escolarizar en castellano en colegios privados a aquellos alumnos a quienes su comunidad autónoma no garantice este derecho.

El texto establece que las administraciones educativas podrán establecer sistemas en los que las asignaturas no lingüísticas "se impartan exclusivamente en la lengua cooficial, siempre que exista oferta alternativa de enseñanza sostenida con fondos públicos en que se utilice la lengua castellana como vehicular en una proporción razonable".

"En estos casos, la Administración educativa deberá garantizar una oferta docente sostenida con fondos públicos en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular", reza el proyecto, para concretar que, en caso contrario, "el Ministerio de Educación, previa comprobación de esta situación, asumirá íntegramente, por cuenta de la Administración educativa correspondiente, los gastos efectivos de escolarización de estos alumnos en centros privados en los que exista dicha oferta".

No obstante, el proyecto de LOMCE establece que la "obligación financiera del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte tendrá carácter excepcional y se extinguirá con la adopción de medidas adecuadas para garantizar los derechos lingüísticos individuales de los alumnos". Con todo, se "repercutirán" los gastos asumidos a la Administración educativa que corresponda.

Esta disposición adicional recoge que las administraciones educativas "adoptarán las medidas oportunas a fin de que la utilización en la enseñanza de la lengua castellana o de las lenguas cooficiales no sea fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación"

Asimismo, dice que "garantizarán el derecho de los alumnos a recibir las enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios" ya que, al término de la educación básica, "deberán comprender y expresarse, de forma oral y por escrito, en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente".

En este sentido, afirma que las comunidades autónomas podrán "diseñar e implantar sistemas en los que se garantice la impartición de asignaturas no lingüísticas integrando la lengua castellana y la lengua cooficial en cada uno de los ciclos y cursos de las etapas obligatorias" determinando la "proporción razonable" de ambas en sus sistemas y pudiendo hacerlo "de forma heterogénea en su territorio, atendiendo a las circunstancias concurrentes".

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, ha tildado la reforma de "opa hostil contra la escuela catalana" y ha afirmado que actuará "hasta las últimas consecuencias" para defender "con uñas y dientes" el sistema actual porque, en su opinión, la LOMCE implicará una ruptura de la cohesión.

Su intención es recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional, movimiento que en el PP "no se entiende" porque el objetivo de la norma, en palabras de la secretaria general, María Dolores de Cospedal, es "garantizar el derecho" a estudiar en castellano, en línea con la propia Constitución.