MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) - El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, se ha comprometido con los consejeros de Educación a estudiar la vía para integrar las aportaciones de las comunidades autónomas al pacto educativo "en un proceso político que ya está en marcha" en el Congreso de los Diputados. "Espero que haya (un grupo de trabajo), pero hay que ver cuál es la mejor manera, la más viable y la más útil", ha afirmado en la rueda de prensa posterior a la Conferencia Sectorial de Educación. El ministro ha recordado que el pasado lunes acordó con las comunidades autónomas que la Comisión General del Senado realizara una ponencia, pero los consejeros socialistas de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, Cantabria y Comunidad Valenciana, le han instado este jueves a la creación de un grupo de trabajo en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación para elaborar un documento con sus aportaciones para el pacto educativo. El ministro ha saludado esta propuesta pero ha derivado la decisión a la Comisión General de Educación, integrada por técnicos del Ministerio y de las comunidades autónomas, para que defina la forma en que éstas pueden contribuir al pacto. No obstante, ha insistido en que este "proceso político" ya está en marcha en la Subcomisión del Congreso de los Diputados, que se encargará de elaborar un documento de bases "en el plazo de seis meses". Sobre el Plan de Convivencia Escolar, y tras las críticas de varios consejeros socialistas y de gobiernos nacionalistas que han asegurado que el Ministerio de Educación con sus propuestas genera una "duplicidades" y "confusión", Méndez de Vigo ha advertido de que su programa "no es una obligación ni una imposición" y que carece de carácter legislativo". "Por tanto, quiero que quede bien claro: Lo ha hecho el Ministerio porque era su obligación hacer un gran plan con medidas útiles para prevenir y reprimir el acoso", ha apuntado el titular de Educación, para añadir que las comunidades autónomas son las que lo tienen que poner en práctica porque tienen la competencia en este área. El ministro ha recordado que este plan cuenta con cuatro millones de euros y que el objetivo "político" es responder a una demanda de la sociedad, que, según ha indicado, "está preocupada por la convivencia escolar y los casos de 'bullying'". "Hemos escuchado las experiencias de las comunidades y vamos a seguir hablando para poner de relieve el compromiso, sensibilización y voluntad política para que la convivencia y el desarrollo del sistema en libertad y paz", ha apostillado. El titular de Educación ha celebrado la utilidad de su teléfono 900 018 018, que en los cinco meses de funcionamiento ha recibido más de 13.844 llamadas, de las cuales, 5.014 se han derivado a las autoridades educativas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Varios consejeros socialistas, como la aragonesa Mayte Pérez, han criticado este servicio del Ministerio y han asegurado que deriva las llamadas a los teléfonos autonómicos, algo desmentido después por un portavoz del departamento de Méndez de Vigo.
