BRUSELAS, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los Veintiocho han dado este lunes luz verde al acuerdo alcanzado con el Parlamento Europeo y la Comisión Europeo sobre la nueva norma que regulará la autorización del cultivo y comercio de organismos genéticamente modificados (OGM), y que permitirá a los gobiernos nacionales vetar en su territorio un transgénico incluso cuando haya sido autorizado a nivel europeo.
La nueva norma, que se espera sea efectiva esta primavera, permitirá a cualquier Estado miembro oponerse al cultivo o comercialización de un transgénico en su territorio, por razones socioeconómicas o medioambientales, pese a que la semilla en cuestión sí esté aprobada a escala europea.
La idea de armonizar a nivel europeo las reglas en materia de transgénicos, planteada por Bruselas en 2010, estaba aparcada por las divisiones entre los Estados miembros.
"Las nuevas normas darán a los países la libertad de elección, podrán decidir si quieren o no cultivos transgénicos en su territorio. Ello respeta el principio de subsidiariedad y respeta las preferencias de los ciudadanos y de los productores", ha dicho el ministro letón de Agricultura y presidente de turno de la UE, Janiz Duklavs.
Hasta el momento, la Unión Europea aprueba o veta un OGM en base a razones medioambientales o sanitarias y la responsabilidad de la autorización recae sobre el Ejecutivo comunitario si, como ocurre en la mayoría de los casos, los Estados miembros no logran un consenso mayoritario ni a favor ni en contra del producto.
Con esta modificación, un país podrá prohibir el transgénico en su territorio aunque esté permitido en el resto de la UE, invocando razones socioeconómicas, de orden público y de ordenación geográfica, por ejemplo.
Como resultado de las negociaciones se ha introducido como criterio para rechazar el transgénico los "objetivos de la política medioambiental", más allá de la evaluación de riesgo que emita la Autoridad europea de salud alimenticia (EFSA, por sus siglas en inglés).
El papel de las compañías de transgénicos en este proceso era uno de los principales obstáculos para el acuerdo, ya que la Eurocámara no aceptaba la tramitación en dos fases defendida por la Comisión y los países.
Bajo esa fórmula, el gobierno contrario a un OGM estaba obligado a pedir primero a la empresa que le excluyera explícitamente a la hora de presentar la solicitud de autorización. Finalmente se ha impuesto en parte la posición de los eurodiputados y esta exigencia que privilegia a la industria pasa a ser facultativa.
Así, el Gobierno que rechace el cultivo OGM podrá negociar con la empresa de semillas en una primera fase, aunque no será obligatorio, y, en una segunda fase, tendrá un plazo de diez años --y no dos-- para oponerse.
Otra de las novedades que introduce este acuerdo es que los Estados miembros que permitan el cultivo de transgénicos en su territorio, deberán tomar medidas para garantizar que no haya "contaminación transfronteriza". Sin embargo, estas salvaguardas no se aplicarán en zonas en las que la condiciones geográficas particulares hagan estas medidas innecesarias.
