ASAJA y SEO/BirdLife denuncian que 10 CCAA no permiten aún depositar reses muertas en el campo para alimentar necrófagas

Buitre negro
JUAN BÉCARES, SEO/BIRDLIFE

   MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

   La organización profesional agraria ASAJA y SEO/BirdLife ha acusado a las comunidades autónomas de desidia por dejar de un lado a los ganaderos extensivos y, al mismo tiempo, poner en peligro a los buitres, al no haber legislado aún la normativa para permitir dejar reses muertas en el campo para la alimentación de especies necrófagas.

   Las entidades recuerdan que en 2011 un Real Decreto aprobado por el Gobierno exige a las comunidades autónomas que regulen las zonas donde los ganaderos pueden dejar cadáveres de reses para que los buitres y otras especies ocasionalmente necrófagas, como el águila imperial o el oso pardo, puedan alimentarse.

   Sin embargo, denuncian que hasta la fecha únicamente siete comunidades autónomas autorizan el depósito de cadáveres a los ganaderos y advierten de que esta "desidia política" de algunas administraciones pone en peligro especies amenazadas y, además, ocasiona costes innecesarios tanto al sector ganadero como a la propia administración.

   De momento, seis comunidades autónomas no han aprobado todavía la normativa autonómica obligatoria, aunque tres de ellas tienen ya un borrador de norma y Madrid, Asturias y Galicia ni siquiera han presentado una propuesta normativa al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA).

   Hasta la fecha, cuentan con una normativa "verdaderamente efectiva" y dan autorizaciones a los ganaderos para depositar cadáveres de reses en el campo Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Navarra, La Rioja y Cantabria. Sin embargo, otras comunidades con normativa aprobada no autorizan a prácticamente ninguna explotación ganadera porque las condiciones impuestas lo hacen inviable e incluso llegan a exigir que se siga pagando el seguro de recogida. Ese es el casi de Aragón, Cataluña o Comunidad Valenciana.

   Asimismo, tanto ASAJA como SEO/BirdLife han apuntado que en todo caso, el número de autorizaciones es "insuficiente" tanto para el sector ganadero como para proveer de alimento a las especies necrófagas de interés comunitario, que no solo incluyen al alimoche, al buitre negro, al buitre leonado o al quebrantahuesos, sino también a especies de aves amenazadas que consumen carroñas de forma ocasional como el milano real, el águila imperial ibérica o el águila real, y mamíferos como osos o lobos.

   Por último, defienden a los buitres y demás especies carroñeras frente a su cliché negativo porque su papel es clave para acelerar el retorno de nutrientes a la cadena trófica y, sobre todo, para recuperar la gestión tradicional en el manejo de bajas en ganadería.

   En la actualidad, se ha observado un "alarmante" declive de las poblaciones a escala internacional, ya que de las 23 especies conocidas, 16 están amenazadas y 8 en peligro crítico. España cuenta con el 90% de las poblaciones de toda Europa por lo que ASAJA y SEO/BirdLife consideran que el país tiene "una responsabilidad capital en su conservación".

   "Los costes de gestión de los cadáveres que deben abonar los ganaderos, en algunos casos con ayudas de la administración, se ven igualmente reducidos en las regiones que sí han regulado los puntos donde es posible proveer de alimento a las necrófagas y no nos referimos a los muladares controlados, sino a las zonas de depósito, donde se depositan los cadáveres dentro de las zonas autorizadas", ha apuntado el presidente de ASAJA, Pedro Barato.

   Por su parte, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción ruiz, ha recordado que, en su momento --con la crisis de las vacas locas-- se comprendió que la prohibición del abandono de cadáveres en el campo era una cuestión necesaria, pero diez años después ve "incomprensible que la desidia política esté abandonando a los buitres a su suerte".

   "La falta de voluntad no solo está poniendo en peligro a especies amenazadas, de interés regional, nacional y europeo. Además está ocasionando perjuicios económicos a un sector ya maltratado como es el de la ganadería extensiva y, más aún, está generando gastos innecesarios a nuestras Administraciones", ha apostillado Ruiz.