MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Internacional de Tauromaquia (AIT) ha expresado "el más contundente de los rechazos" al Decreto Ley aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, que prohíbe matar reses de lidia en espectáculos taurinos populares y tradicionales, lo que afecta al 'Toro de Vega' que se celebra en la localidad vallisoletana de Tordesillas en septiembre, único espectáculo de estas características de Castilla y León que da muerte al animal.
"El decreto, que vulnera la Constitución española y leyes de rango superior, ha sido aprobado con premeditación dañina y alevosía, propias de los regímenes que gobiernan a golpe de decreto, sin que se justifique urgencia de naturaleza alguna. Esto es lo que puede esperarnos con los radicales que habiéndose posicionado ya en contra de la Tauromaquia, pretenden hacerse con el poder en España, pero que para nada se esperaba de quienes dicen creer en el respeto a los derechos de los pueblos y a su libertad, como es el caso del Partido Popular", ha denunciado la AIT en un comunicado.
Asimismo, la Asociación Internacional de Tauromaquia ha mostrado su "solidaridad y apoyo incondicional" al Patronato del Toro de la Vega y a Tordesillas, "pueblo ejemplar, paciente, educado, respetuoso incluso con los que no piensan como ellos".
Según la asociación, el pueblo de Tordesillas "enfrenta ahora, además de los ataques de los animalistas, la traidora acción de políticos endebles instalados en el gobierno de Castilla y León, que no respetan la cultura popular y que ceden a las presiones de grupos que buscan vaciar a España de sus señas de identidad".
Además, la AIT se ha solidarizado con el "valiente" alcalde, José Antonio González, "quien en un gesto que le honra, cuenta con el apoyo de los grupos municipales de oposición, entre ellos del propio PP".
"Nuestra Constitución y las leyes nacionales son de obligatorio cumplimiento tanto para los ciudadanos como para todos los poderes públicos, pasando desde el mas pequeño ayuntamiento de nuestra geografía hasta la más alta magistratura del Estado, incluyendo por supuesto a la Junta de Castilla y León, obligada expresamente por la Ley 18/2013 de la Tauromaquia a proteger nuestro Patrimonio Cultural", ha argumentado.
En este sentido, ha defendido que los autores del decreto se han convertido "en presuntos responsables de las sanciones que castigan el incumplimiento de la ley", tras haber "pasado por encima de la Constitución y las leyes". "Y lo más doloroso, colocándose del lado de los intolerantes y agresivos grupos animalistas, ignorando el sentir de todo un pueblo como el de Tordesillas", ha remachado.
"Con un discurso improvisado y audaz, el portavoz de ese gobierno autónomo ha querido justificar que siete meses de trabajo insustancial que dio como resultado este decreto ilegal e inconstitucional, han sido suficientes para cargarse 500 años de historia de un Patrimonio Cultural que sólo pertenece a los tordesillanos, siendo éstos los únicos que pueden disponer acerca del destino y las condiciones en las que se recrea el Torneo del Toro de la Vega, que entronca con los orígenes de la Tauromaquia", ha concluido.
