Consell valenciano dice que la sentencia demuestra que "no existía problema" para ejecutar el trasvase Júcar-Vinalopó

Actualizado 27/01/2006 18:16:44 CET

VALENCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón, declaró hoy que la sentencia de la Audiencia Nacional "demuestra una vez más que no existía ningún problema para ejecutar el trasvase Júcar-Vinalopó, tal y como fue concebido en el Plan de Cuenca y con la toma desde Cortes de Pallás", informaron fuentes de la Generalitat.

García Antón realizó estas declaraciones en referencia a la sentencia de la Audiencia Nacional que desestima el recurso contencioso-administrativo, interpuesto por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y en el que se solicitaba la suspensión de la ejecución y explotación del trasvase Júcar-Vinalopó.

El titular de Infraestructuras y Transporte explicó que la sentencia "confirma lo que viene defendiendo desde siempre la Generalitat", y es que "el trasvase Júcar-Vinalopó garantiza la salvaguarda de los derechos de los usuarios tradicionales, ya que así queda especificado en el Plan de Cuenca del Júcar, en el que se establecen transferencias sólo de sobrantes y hasta un máximo de 80 hectómetros cúbicos al año después de satisfacer todas las demandas de los usuarios de la cuenca".

En este sentido, García Antón considera que "la sentencia supone también un varapalo para el Ministerio de Medio Ambiente al dar un espaldarazo al Plan de Cuenca del Júcar y a las transferencias allí planificadas", por lo que, insistió, "se demuestra una vez más que el cambio de la toma de la conducción Júcar-Vinalopó por parte del Ministerio es una decisión arbitraria, lesiva para el interés general de la Comunidad Valenciana y perjudicial para el medio ambiente, al retrasar, empeorar y hacer en última instancia inviable una actuación de gran relevancia ambiental como es el trasvase Júcar-Vinalopó".

El conseller explicó que la Generalitat ha presentado alegaciones al cambio de trazado del Júcar-Vinalopó porque "además de que como se ve el trazado original garantiza los derechos tradicionales, no existen ni razones técnicas, ni hídricas ni ambientales para el cambio de trazado, y en cambio la nueva alternativa aprobada por el Ministerio de Medio Ambiente es mucho más costosa, lo hace inviable desde el punto de vista financiero y se adopta en contra de la voluntad expresada por los usuarios del trasvase", aseveró.

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