MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
Las cinco principales organizaciones ambientales y ecologistas en España, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, han pedido en el Congreso de los Diputados una nueva ley de fiscalidad ambiental con la que se primen las buenas prácticas.
Según ha explicado el director ejecutivo de Greenpeace Mario Rodríguez Vargas, que ha actuado como portavoz de las asociaciones, se trata de poner en marcha el principio de que "quien contamina, paga" que, además, según ha indicado, "es una medida rápida y que se puede poner en marcha inmediatamente".
Esta ley, junto con otras medidas son parte de la 'Hoja de Ruta medioamiental para 2017' que los ecologistas han presentado ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la Cámara Baja.
Durante su intervención, Rodríguez Vargas ha criticado la ausencia de las políticas ambientales dentro de las "prioridades" del Parlamento y ha asegurado que "la sensación" es que estas medidas suelen ser "un tema marginal" pese a ser una materia "fundamental si se quiere profundizar en el Estado del bienestar".
UNA AUDITORÍA ENERGÉTICA
En este sentido, ha recordado la inacción que existe en cuanto a la puesta en marcha de un cambio de modelo energético para España, una de las principales reclamaciones desde hace años que el Ejecutivo aún no ha abordado o, al menos, según ha señalado el directivo de Greenpeace, no se conocen medidas que se estén aplicando actualmente al respecto.
La sugerencia de Rodríguez Vargas al respecto es la puesta en marcha de una auditoria energética que permita al Gobierno conocer "la situación real" del país y poder, a partir de ahí, "trazar la transición que permita cumplir con los objetivos de París" en esta materia.
REFORZAR EL PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES
Dentro del documento presentado, los ecologistas también buscan un nuevo marco para la protección del medio ambiente en donde prime "la democracia ambiental y la gobernanza" y donde se "reconozca y refuerce" su papel como expertos a la hora de elaborar políticas en esta materia, así como un nuevo modelo de desarrollo donde la economía y empleo tengan como fin el bien común; el agua se gestione como un recurso limitado; la agricultura adquiera un carácter sostenible; y el mar y sus recursos se gestionen de manera respetuosa.
Finalmente, el último bloque de esta hoja de ruta plantea una mejora de la calidad de vida de la ciudadanía con la puesta en marcha de una Ley de Cambio Climático y apostando por la calidad del aire; y el freno a la contaminación química. Sobre este punto se ha centrado en la toma de medidas necesarias para que el aire que respiren los españoles sea de calidad a mitad de siglo y, entre sus principales iniciativas está la de eliminar y regular las emisiones de automóviles.
