España es el segundo país de la UE donde la factura del agua resulta más barata, según el CGE

Agua. Grifo.
EUROPA PRESS
Publicado 19/10/2017 13:58:13CET

   MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

   España es el segundo país europeo, por detrás de Italia, cuyos ciudadanos pagan menos por el agua que consumen en sus hogares en comparación con su nivel de renta, pese a ser uno de los territorios más secos de la unión, según un estudio presentado por el Consejo General de Economistas (CGE) titulado 'La gestión del agua en las ciudades'.

   Según el documento, en ninguna ciudad española los hogares dedican más de un 2% de su renta a pagar la factura del agua, un esfuerzo económico por debajo del 3% máximo que recomienda la ONU y que implica que, para los españoles, el agua es, comparativamente, "un 35% más barata que la media de la UE".

   "Es relativamente barata", ha asegurado el catedrático de de Economía Aplicada de la universidad de Zaragoza, José María Serrano, quien ha dirigido el estudio, que señala además que "en 42 de las 79 principales ciudades no llega al 1%".

   En este sentido, el presidente del CGE, Valentín Pich, ha puesto de relieve el hecho de que en el país, a menudo "se ha puesto el agua más en las páginas de política que de economía", un planteamiento que considera insuficiente porque "es un bien económico de primera magnitud". Por ello, pide "separar el grano de la paja en un debate tan serio" del que depende el acceso al agua en los hogares a través de los servicios públicos y la "gestión eficiente" de un recurso escaso.

    "Hace ya años, a finales del siglo XX, se decía que el problema más importante que vamos a tener es el del agua y yo sigo creyéndolo. Máxime cuando se han acelerado algunos procesos como el cambio climático que están extremando el desequilibrio en materia del agua", ha expresado a su vez el director del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente del CGE, José-María Casado.

POLÍTICA DEL AGUA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

   Por ello, el decano del Colegio de Economistas de Madrid y exsecretario de Estado de Aguas y Costas, Pascual Fernández, ha advertido de que en materia de gestión y precios del agua España está "muy alejada de los países de su entorno" desde el punto de vista de la política medioambiental, pese a las perspectivas de que se "extremen las condiciones" hídricas por el Cambio Climático.

   "La tarifa es un mecanismo que permite hacer una gestión mejor de un recurso que es escaso", ha insistido, además de señalar que las tarifas "más agresivas" de otros países no se deben a un afán recaudatorio sino a la "necesidad de una gestión eficiente de los recursos".

   Aún así, ha reconocido que en los últimos años el incremento del precio del agua en España supone "una aproximación" en este sentido y señala que los españoles antes "ni sabían cuanto pagaban de agua" porque "era algo tan nimio que no se le prestaba atención".

   Fernández ha subrayado que uno de los retos en la gestión del agua a nivel internacional, consiste en avanzar en la cooperación entre países para garantizar que todos los territorios tienen acceso a este recurso y pueden obtener mutuos beneficios, según el modelo de la Comunidad del Carbón y el Acero precursora de la UE.

   "El agua está identificada por el World Economic Forum, por el Banco Mundial y por muchos otros organismos como el factor más importante que en el futuro puede ser causante de posibles crisis y de guerras internacionales --ha asegurado--. La idea es que los países cooperen en la gestión del agua, obtengan beneficios y se eviten potenciales conflictos".

PRIVATIZACIÓN O REMUNICIPALIZACIÓN

   El estudio editado por el CGE presta especial atención a la comparativa entre los distintos modelos de gestión municipal del agua en las ciudades españolas, tanto aquellas en que existen concesiones a empresas privadas como aquellas en que es el Ayuntamiento o una empresa pública quien lleva a cabo la gestión, o las que han delegado esta función en empresas de titularidad mixta.

   "Hay demasiados argumentos políticos para abogar por uno u otro modelo pero queríamos saber si hay también argumentos técnicos que fundamenten una u otra posición", han explicado los responsables del documento.

   En este sentido, destacan que no es posible hacer una comparación directa entre los precios del agua en ayuntamientos y regiones distintas, debido a dos factores: la existencia de diferentes cánones municipales y autonómicos que se añaden a los costes de extracción y depuración del agua y de gestión del servicio, y la variación derivada de las características hidrográficas de cada zona, siendo mayor el precio en islas o territorios particularmente secos.

   No obstante, el director del estudio se muestra convencido de que las conclusiones del análisis indican que "el sistema óptimo es obviamente la colaboración público privada", debido a que permite combinar el enfoque de servicio público de las administraciones (insiste en que el agua "debe seguir siendo una competencia pública) con las ventajas de las economías de escala inaccesibles a las administraciones municipales.

   "Como es fácil imaginar, las administraciones tienen una rigidez enorme en cuanto a la escala de producción con que han de trabajar, que es siempre municipal, mientras que las empresa privadas puede aplicar economías de escala para prestar sus servicios de suministro en distintas localidades", explica, además de señalar que estas conclusiones "coinciden bastante bien con otros estudios internacionales sobre el tema".

    Además de estas conclusiones, el documento señala también que, la protección a los hogares españoles ante una posible exclusión del acceso al agua por causas económicas es una cuestión ante la que se ha sido "bastante sensible" en el país, independientemente del modelo de gestión. "Contra lo que pudiera parecer, son más cuidadosas las empresas privadas y mixtas. Son las que más cuidan que la gente y las familias con dificultades no se vean privadas de un servicio tan importante como el agua", asegura el director del estudio.

   Asimismo, destaca que la gestión privada del agua es, por lo general, más proclive a aplicar medidas como la penalización en la factura por consumo excesivo de agua, una opción que se aplica con menor frecuencia en las ciudades cuya gestión es íntegramente de titularidad pública.

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