El fiscal medioambiental achaca a los ayuntamientos "el gran problema" del urbanismo y propone una gestión estatal

 

El fiscal medioambiental achaca a los ayuntamientos "el gran problema" del urbanismo y propone una gestión estatal

Actualizado 24/07/2006 19:35:20 CET

Incide en el "interés" del fiscal general del Estado en "conseguir una patente efectividad" de la posibilidad legal de demoliciones

SANTANDER, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, consideró hoy que actualmente los ayuntamientos "son el gran problema" en materia de ordenación del territorio y, al respecto, abogó por que las competencias en esta materia retornen a la Administración central en aras de un mayor control.

"A nivel de control tengo la impresión de que desde una perspectiva centralizadora se puede ser más eficaz que desde la actual atomizada y de diáspora", enfatizó en rueda de prensa Vercher, quien esta tarde participó en el curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobre 'Ordenación territorial: ¿decisión administrativa o ciudadana'. En relación con esta idea, apostilló que "lo que queda claro" es que "tal y como han ido las cosas hasta el presente no funciona bien".

Ante los medios, el fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo dejó claro que estas aseveraciones constituyen "un planteamiento absolutamente personal". En cualquier caso, subrayó que, a sus ojos, los ayuntamientos deberían "pararse a reflexionar" y "tener en cuenta que la Constitución prohíbe la especulación con la vivienda".

Indicó que actualmente las administraciones locales "son el gran problema" en ordenación del territorio, ya que "aun siendo conscientes" de que esta materia "está completamente en sus manos", "de alguna forma tienen algún tipo de perspectiva interpretativa peculiar" a la hora de "ajustar" el urbanismo, el control presupuestario "y los elementos democráticos más elementales".

Asimismo, recalcó que en estos momentos se han "juntado" una serie de factores que han dado lugar a una "situación caótica", al haberse "metido en un mismo recipiente" un exceso competencial de los ayuntamientos en ordenación del territorio, la dependencia de los presupuestos locales de esta materia (que cifró en torno a un 35 ó 40% del total) y, además, "ciertos niveles de corrupción tradicionales".

"Los ayuntamientos deberían analizar todos esos factores", enfatizó el fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo quien, por otro lado, valoró como "muy acertado" en este sentido el anteproyecto de la Ley del Suelo, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el 14 de julio.

De esta forma, resaltó que "si se consigue mantener la redacción tal y como está" y el contenido de este anteproyecto "finalmente ve la luz", se habrá "conseguido un paso importante en pro de la solución de este problema insostenible".

UN 'PARAÍSO'

Al ser preguntado, lamentó que en este momento España constituye un "paraíso" para la corrupción urbanística, porque nuestro país "tiene una serie de condicionamientos" que lo sitúan en "una línea especial", más bien "en la vanguardia" a este respecto. No obstante, precisó que hay gran número de empresas "ajustadas a la legalidad".

En todo caso, se refirió a los delitos de blanqueo de dinero, llevados a cabo mediante actuaciones urbanísticas, realizados por parte de mafias y que han sido detectados por Europol. "Eso sí ocurre", dijo Vercher, quien apuntó que las recientes operaciones 'Ballena Blanca' y 'Malaya' I y II son "perfectamente indicativos de que hay una situación extraña" que "hay que atajar". I

Respecto a la tipificación de los delitos urbanísticos y de ordenación del territorio en el Código Penal, consideró que el articulado de este texto legal "no está demostrando ser ineficaz". A modo de ejemplo, aseguró que "ya hay una lista importante" de sentencias de condena, a través de las cuales "poco a poco cada vez se van teniendo más instrumentos interpretativos eficaces".

SENTENCIAS DE DERRIBO

En lo que se refiere a la ejecución de las sentencias de demolición dictadas sobre algunas urbanizaciones en Cantabria, Vercher, si bien precisó que estos autos han llegado por la vía contenciosa-administrativa (siendo su competencia la penal), también destacó el "especial interés" del fiscal general del Estado en "conseguir una patente efectividad" de la posibilidad de hacer uso de las demoliciones que recoge el Código Penal.

Así, dijo que "uno de los aspectos que más interesan" al fiscal general del Estado es la "necesidad" de que estas cuestiones "adquieran consistencia" y no se "queden en el reino de las ideas" y "en algo puramente ornamental".

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