El Gobierno aprueba el nuevo Plan Estatal Marco de Residuos, que estará vigente hasta 2022

 

El Gobierno aprueba el nuevo Plan Estatal Marco de Residuos, que estará vigente hasta 2022

Vertedero ilegal de Valdemingómez
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Publicado 06/11/2015 13:39:55CET

   MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Estatal Marco de Residuos que incluye las líneas de actuación en esta materia hasta 2022 y que "fomenta la reutilización y el reciclado de residuos domésticos y similares".

   Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha señalado que los españoles deben hacer "un gran esfuerzo", ya que por ejemplo, el objetivo de reutilización a alcanzar en 2022 es de un 50 por ciento, mientras que en la actualidad, se reutiliza en torno al 22 por ciento de los residuos municipales.

Según informa el Gobierno, el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022, establece las líneas estratégicas y las medidas necesarias para avanzar hacia la "denominada economía circular" e impulsar la preparación para la reutilización y el reciclado.

En este objetivo, la apuesta del plan pasa por aumentar la recogida separada de residuos, especialmente la fracción de biorresiduos de los residuos municipales.

El objetivo final del plan es "convertir" a España en una sociedad "eficiente" en el uso de los recursos, que avance hacia una economía circular. Se trata de sustituir una economía lineal basada en producir, consumir y tirar, por una economía circular en la que se reincorporen al proceso productivo una y otra vez los materiales que contienen los residuos para la producción de nuevos productos o materias primas.

El plan orientará la política de residuos en España en los próximos seis años y promoverá las actuaciones que proporcionan un mejor resultado ambiental y aseguren que España cumple con los objetivos legales de gestión de residuos.

El PEMAR establece el principio de jerarquía que establece la normativa europea de residuos para reducir la eliminación de residuos, a través del vertedero, mediante el aumento de la preparación para la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización, incluida la energética. Por ello, la apuesta es aumentar la recogida separada de los residuos, sobretodo en relación con la fracción de biorresiduos de los residuos municipales.

En total, incluye 25 capítulos, 15 de ellos dedicados a los flujos de residuos con normativa específica, para los que describe la normativa y objetivos, así como la evolución de la gestión de los últimos años y su situación actual, al tiempo que establece los objetivos y las orientaciones y líneas estratégicas para conseguirlos.

El PEMAR apuesta también por seguir trabajando en la coordinación con todas las administraciones competentes en este ámbito, de mejorar la información y la transparencia en el ámbito de los residuos y de armonizar las tasas y el uso de instrumentos económicos para evitar barreras entre comunidades autónomas.

Asimismo, busca "fortalecer, incrementar y coordinar las actividades de inspección, control y vigilancia, destinar recursos humanos y económicos, por una mayor y mejor comunicación y sensibilización y por potenciar el uso de los materiales procedentes de los residuos". El Plan incorpora, asimismo, las orientaciones y la estructura a la que deberán ajustarse los planes autonómicos de gestión de residuos.

La normativa establece que para garantizar el cumplimiento de los objetivos a nivel nacional y prevé que las comunidades autónomas cumplan los objetivos con los residuos que se generan en su territorio.

También los planes autonómicos pueden establecer la contribución de las entidades locales, de forma independiente o asociada, al cumplimiento de los objetivos aplicables a los residuos de competencia municipal.

El Plan busca "beneficios ambientales", como la protección de la salud humana, de los recursos naturales y el clima. De este modo, la iniciativa, según el Gobierno, también proporciona beneficios sociales y económicos asociados a la mayor actividad económica relacionada con los residuos, al incremento de la disponibilidad de materias primas en condiciones seguras y a la creación de empleo derivada del fomento de la preparación para la reutilización y del reciclado.

La Comisión Europea estima que con la aplicación de la normativa vigente se podrían crear hasta 400.000 empleos en la Unión Europea, 52.000 de ellos en España.

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