MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno, con la información técnica de que dispone, considera que no son previsibles efectos adversos específicos del cambio climático en el litoral español, como consecuencia directa de la prolongación de las concesiones en dominio público marítimo terrestre, contemplado en la reforma de la Ley de Costas y que, a juicio de los ecologistas, reduce la protección del litoral.
Así se desprende de una respuesta parlamentaria dirigida a la portavoz del PSOE en el Congreso en materia de cambio climático, Cristina Narbona, recogida por Europa Press, y en la que se reconoce que el cambio climático ya afecta a las costas con un aumento creciente del nivel del mar, según ha corroborado la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).
Según advertencias de ecologistas, el Gobierno ignora estos efectos reales del cambio climático con esa modificación de la Ley de Costas que reduce la protección del litoral y que podría provocar "graves efectos" ambientales y sociales.
En concreto, el proyecto de Ley establece que las prórrogas de las concesiones a las ocupaciones industriales potencialmente contaminantes requerirá un informe medioambiental específico de la comunidad autónoma en la que esté ubicada la instalación, según explica el Gobierno.
PROYECTO DE PROTECCIÓN
Además, señala que el Ministerio de Medio Ambiente está llevando a cabo el proyecto Cambio Climático en la Costa Española (C3E), con el objetivo de diagnosticar y proyectar los efectos del cambio climático en toda la costa peninsular y sus archipiélagos de forma más detallada, y poner a disposición de los gestores de las áreas costeras españolas datos sobre tendencias y escenarios futuros, y diversas herramientas para facilitar la integración de dichos efectos en las políticas y medidas de protección costera.
Igualmente, apunta que el proyecto incluye una serie de estudios piloto en áreas representativas de la costa como ámbitos de especial interés. Los resultados de este proyecto aún no están disponibles aunque se espera que puedan ser presentados a lo largo de 2013.
DESLINDE, ¿REFUERZA LA PROTECCIÓN JURÍDICA?
Por otro lado, Narbona cuestionaba al Ejecutivo su opinión sobre si el anteproyecto de reforma de la Ley de Costas mejora la seguridad jurídica de los afectados por los deslindes ya aprobados definitivamente.
Así, el Ejecutivo asegura que el proyecto de Ley refuerza la seguridad jurídica en la medida en la que clarifica el ámbito del dominio público marítimo-terrestre y, por tanto, el deslinde del mismo, frente a la inseguridad, y conflictividad jurídica y social generada por la vigente normativa.
Es más, asegura que la obligación que impone el proyecto de Ley a la Administración General del Estado de inscribir en el Registro de la Propiedad todos los bienes de dominio público, así como cualquier procedimiento de deslinde desde su inicio incrementa la seguridad jurídica de los afectados, sean estos propietarios o posibles adquirentes, que conocerán la situación jurídica de los bienes de dominio público y las zonas de servidumbre de protección a través de esta información que será pública y accesible.
