Medio Ambiente recuerda que las CCAA tienen las competencias en materia de vertederos tras la denuncia de la UE

Vertedero ilegal en Cangas de onís
COORDINADORA ECOLOGISTA DE ASTURIAS
Actualizado: jueves, 9 julio 2015 2:26


MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha recordado este jueves que las Comunidades Autónomas son las responsables en materia de regulación de vertederos tras la denuncia presentada por la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la UE.

La denuncia se produce al tener España abiertos una treintena de vertederos que no respetan la normativa medioambiental de la UE, pese a los reiterados avisos de Bruselas para que los clausure.

Ante esta denuncia, fuentes del departamento que dirige Isabel García Tejerina han recordado a Europa Press que en materia de vertederos son las Comunidades Autónomas las que tienen competencia aunque existe una "coordinación del procedimiento" por parte de este Ministerio y el de Asuntos Exteriores y de Cooperación que dirige José Manuel García Margallo.

El Ministerio ha advertido sobre esta cuestión a las Comunidades Autónomas, según han incidido las mismas fuentes, en distintas reuniones específicas sobre este tema en la Comisión de Coordinación y en la Comisión de Coordinación y en las Conferencias Sectoriales.

La directiva europea sobre vertido de residuos establece un conjunto de normas sobre los vertederos para prevenir sus efectos negativos para la salud humana, el agua, el suelo y el aire. De acuerdo con esta norma, los vertederos que estaban en funcionamiento en 2001 debían haber cesado sus operaciones a más tardar el 16 de julio de 2009, salvo que cumplieran las normas destinadas a garantizar su funcionamiento seguro.

Según la información mas reciente de que dispone el Ejecutivo comunitario, casi cinco años después de expirado el plazo para el cese de sus operaciones, en España siguen funcionando 28 vertederos que infringen la normativa, y otros tres siguen pendientes de renovación para adaptarse a la legislación vigente.

En un intento para lograr su cierre y adaptación, Bruselas ha decidido finalmente llevar el caso ante el Tribunal de Luxemburgo.

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