MADRID, 3 May. (EUROPA PRESSS) - Tras conocerse contenido, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha decidido no volver a reabrir el almacén de gas Castor y, una vez analizado el informe, realizado a lo largo de 18 meses con un coste de 600.000 euros, encargará estudios de ingeniería y, posteriormente, de viabilidad económica, para acometer su desmantelamiento. Entre las conclusiones del informe los profesores Rubén Juanes (MIT) y John H. Shaw, de la Universidad de Harvard, han destacado que hay un "riesgo elevado" de que vuelva a aumentar la actividad sísmica en caso de reanudar las operaciones de gas en el almacenamiento de Castor, porque la sismicidad ocurrida ha acercado varios elementos de la falla de Amposta a ser "menos estable de lo que era originalmente". "Puede haber más probabilidad de un terremoto en el futuro tras (las operaciones de) Castor en la zona de una magnitud superior, de hasta 6,8", ha advertido Juanes, que posteriormente ha indicado que, en todo caso, la actividad sísmica actual en la zona ha vuelto a las mismas tasas anteriores a septiembre de 2013. Así, ha apuntado que una tasa de inyección menor provoca una tasa de desetabilización menor y que tras analizar el ciclo completo de inyección de gas y recuperación han advertido de que la desestabilización sísmica sería "mayor a la que se provocó en el mes de septiembre, en el orden de un factor de dos". Por su parte, el profesor de la Universidad de Harvard John H. Shaw ha sido más contundente al afirmar que reanudar las operaciones "agravaría el estrés de la falla" y que "habría riesgo elevado" porque se desestabilizó por las inyecciones de gas, independientemente del volumen de inyección, la tasa de inyección o el volumen del pozo. Juanes ha defendido que este estudio realizado post mortem, a partir de un encargo del Gobierno exigido a través del Real decreto Ley de 2014 integra "nuevos paradigmas" al integrar la sismología estructural, la geología y la geomecánica y ha pedido nuevos estándares a la hora de evaluar los riesgos sísmicos en antes de operadciones de este tipo, sobre todo en áreas tecntónicamente activas. Una vez conocidas las conclusiones y recomendaciones del estudio en el que han participado siete investigadores de ambas instituciones académicas, el secretario de Estado ha subrayado que el documento confirma que la decisión del Gobierno en 2013 de paralizar la actividad fue acertada de cara a garantizar la seguridad de los ciudadanos y del medio ambiente. En cuanto al posible dolo o negligencia de la empresa de Castor Escal-UGS, ha señalado que el Gobierno remitirá este estudio a los juzgados que dirimen esta cuestión para que analicen "con cautela" las conclusiones que son "muy contudentes". Navia ha afirmado que "es muy difícil definir un standar de operatividad del almacén que permita renanudarlo con seguridad, por lo que "no hay ningún elemento en este informe" que lleve a replantearse la reapertura de Castor que "va a seguir hibernando". El siguiente paso, según ha dicho, será encargar un estudio de ingeniería y posteriormente de viabilidad económica de cara a desmantelar la instalación de modo con la prioridad puesta en la seguridad de las personas y del medio ambiente. "Al Gobierno y a la justicia le corresponde analizar si hay responsables. Este informe deberá ser evaluado por los juzgados", ha manifestado Navia que, sin embargo, ha adelantado que "queda claro" que "no era fácilmente previsible con un estandar de rigor razonable que en Castor ocurriera lo que finalmente ha pasado".
